El consejero aragonés de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, admitió ayer finalmente el "fracaso" de su proyecto aeronáutico, una de las principales apuestas del Gobierno de Iglesias, pero no asumió ningún tipo de responsabilidad política. Solo en la aventura de la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego se acumulan unas pérdidas que superan los 12,2 millones de euros, pero Larraz no tuvo ningún reparo en las Cortes en culpar a Möbius, la gestora de capital riesgo de Savia Atracción, y de escudarse en que la DGA solo tenía el 41,75% de las acciones de la sociedad mixta. Y como tercer argumento alegó que todo se decidía por consenso, con el voto del resto de socios, las cajas aragonesas.

Le dio igual que el portavoz del PP, Eloy Suárez, evidenciara que ocultó en 2008 las pérdidas acumuladas, hasta el punto de hacer una inyección extra de dinero público para tapar la quiebra. Dicha afirmación fue hecha por el ex consejero delegado de la Corporación de Empresas Públicas, Santiago Coello, en el pleito arbitral que acaba de perder Savia contra Möbius, y que Suárez se encargó ayer de recordarle al consejero en su comparecencia en el pleno sobre el descalabro de Savia.

Larraz también tuvo que escuchar cómo el portavoz popular evidenciaba que la venta de la fracasada aeronáutica CAG a Tecnam en 2008, que ahora ha cerrado la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego, fue una "ficción", así como que las avionetas diseñadas por CAG acabaran reducidas a chatarra en 2009 por decisión de Savia tras tener encima de la mesa una oferta de adquisición de 2,5 millones de dólares.

El consejero no tuvo reparos en negar todo, pese a que el laudo arbitral dictado el 19 de noviembre acredite que las inversiones y desinversiones, así como el seguimiento y control, dependiera del consejo de administración de Savia Atracción. Y echa por tierra otro de los argumentos repetidos una y otra vez en el pleno por Larraz de que la DGA solo era un socio más. "Ha sido cumplidamente acreditada la decidida influencia de Savia Inversión (sociedad 100% pública) a la hora de acordar la entrada en determinadas inversiones, singularmente en CAG, que estaba hecha y decidida cuando se pasó a Möbius, simplemente para que la analizara a posteriori, tal y como reconoció Coello, entre otros testigos", sentencia el laudo

Larraz se dedicó en buena parte de su intervención a explicar cómo funciona el capital riesgo y a vender la DGA como un "inversor más" que gestiona sus inversiones "con transparencia", pese a que siempre se escuda en no aportar información argumentando que está en minoría en los consejos.

Negativa a dar información

Hasta llegó a alardear de que no había ninguna otra Comunidad que diera tanta información, aunque la DGA ayer mismo se negara a aclarar a este diario cuándo le comunicó Tecnam el cese de la fábrica de avionetas. El dato no es baladí, ya que a esta firma se le prestaron 2,2 millones de euros y aún no se le han reclamando pese a que en el contrato, sujeto a "la más estricta confidencialidad", se reconoce una penalización en el caso de cerrar la fábrica antes de diciembre de 2011. "El consejero ya ha dado suficientes explicaciones en las Cortes", indicaron desde la Corporación para negar el dato.

Larraz rechazó categórico cualquier tipo de irregularidad, mientras Eloy Suárez calificaba toda la operación de CAG como "uno de los mayores escándalos de los doce años del Gobierno socialista".. Además, le acusó de "mentir" por ocultar hace dos años que la empresa estaba en liquidación. Por ello, adelantó que pedirá una comisión de investigación.

En su estrategia de negación, el consejero dijo que si se achatarraron los prototipos de avioneta de CAG es porque costaba mucho dinero guardarlas en una nave alquilada. Y apuntó que no hubo ofertas en firme de adquisición pese a recibir cuatro propuestas. También justificó la compra de la nave de Villanueva de Gállego, adquirida por 2,6 millones de euros para tapar la quiebra pagando las deudas y los finiquitos de los trabajadores. Negó que fuera para ocultar el fracaso, como confesó Coello en la reclamación arbitral, y habló del "compromiso ético" con los proveedores.

Por su parte, el diputado de CHA Chesús Juste y el de IU, Adolfo Barrena, defendieron la necesidad de crear una comisión de investigación, como solicitaron la semana pasada, y retaron a que socialistas y aragonesistas la acepten "si el Gobierno, como dice, no tiene nada que ocultar". No obstante, Yuste se refirió a la "gestión turbia" de la DGA.