Evitó dar cualquier explicación sobre los 26 contratos de los ejercicios 2004 y 2005 señalados por el Tribunal de Cuentas por supuestas "infracciones penales" y la razón esgrimida fue que el Gobierno de Aragón no tiene constancia oficial de este informe. El consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, (en sustitución del presidente Marcelino Iglesias, que eludió intervenir igual que en el caso de Savia) aseguró que la única información de la que disponen es la que ofreció el presidente del Tribunal de Cuentas en una comparecencia del Senado, a petición del PP, y reconoció que "ha fallado la comunicación". Dijo que no tiene detalles de los contratos afectados (los han solicitado) y llegó a decir que el Ejecutivo está en "una situación de indefensión". No se quedó ahí y cuestionó también la lealtad administrativa en este caso. Pero no entró en el fondo.

Para rebatir los presuntos delitos contables detectados, Larraz utilizó como arma de defensa el reproche hacia la gestión realizada por los populares durante sus años en la DGA y no dudó en acusarles de adoptar determinadas posiciones para "aumentar las rentas electorales" y "de minar la credibilidad de las instituciones".

No obstante, se comprometió a explicar expediente por expediente con irregularidades contables en una comisión de economía y acabó admitiendo que el "Tribunal de Cuentas va muy bien para mejorar la tramitación de expedientes".

La oposición no quedó satisfecha. El PP, especialmente beligerante y autor de la solicitud de comparecencia, acusó al consejero de "mentir" y de "tener miedo a que se conozca la verdad". "Es un problema de mala gestión, de mala conciencia y de que pretende seguir engañando a los aragoneses", denunció el diputado del PP Antonio Suárez, que le recordó a Larraz que la diferencia con la época del gobierno popular es que la Fiscalía no había abierto diligencias por posibles "infracciones penales". "Tenga dignidad y cuando acabe el pleno, presente la dimisión", le exigió Suárez.

También Chunta fue especialmente combatiente. Su presidenta, Nieves Ibeas, le interrogó a Larraz sobre si ve "normal" que de 64 contratos analizados en 26 el Tribunal de Cuentas detecte posibles "infracciones penales" o que no se tenga en cuenta el precio en determinadas adjudicaciones. "Tiene una responsabilidad política grave, pero para usted no hay ninguna cuestión suficientemente grave. Está esperando a que escampe", lamentó Ibeas, que consideró "una vergüenza política" que Iglesias no diera explicaciones.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, dijo que "la mayor obligación y responsabilidad de quien gobierna debe ser evitar que año tras año el Tribunal de Cuentas le diga lo mismo". Antonio Piazuelo (PSOE) defendió "la honradez" de su partido y Javier Allué (PAR) instó a "suprimir la sospecha generalizada en la contratación de la DGA".