Larraz no aclara el recorte en la DGA y cifra en 70 millones el ahorro salarial

Los empleados públicos de Aragón esperan con resignación el recorte en su próxima nómina de junio, un 5% de media, en consonancia con las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno de España. E igualmente, los representantes políticos y altos cargos asumen que no queda otro remedio que dar ejemplo a la ciudadanía y aceptar recortes de hasta un 15% en sus sueldos. Al menos públicamente. A pesar de las fuertes críticas al plan de Zapatero, ningún político se mueve en la foto a la hora de aceptar una rebaja en su salario, aunque algunos precisan respecto a los cargos públicos que hay muchos alcaldes aragoneses sin sueldo o con pequeñas percepciones.

El consejero de Economía, Alberto Larraz, no aclaró ayer demasiadas cosas respecto a la aplicación de estas medidas en la Comunidad. No obstante, Larraz avisó ayer en Huesca de que "nosotros ya hemos un ajuste el año 2010 en una primera fase". "Nos falta ahora ajustar las últimas medidas del Gobierno, que en el caso de la DGA, en lo que se refiere a funcionarios, tenemos un gasto de personal de unos 2.000 millones de euros, la mayor parte en Sanidad y Educación", añadió. Larraz cifró el ahorro en unos 60 o 70 millones de euros, pero prefirió no extenderse en más datos.

A modo de explicación, el consejero dijo que las comunidades autónomas se coordinan con el Estado a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que la UE obliga a que en 2013 el déficit global de todas las administraciones sea del 3%. Las comunidades absorben un 1,1% de ese déficit.

Además, queda por determinar aún, según Larraz, el reparto de los 1.200 millones de euros de ahorro que el Estado ha pedido que asuman tanto entidades locales como gobiernos autónomicos. En cualquier caso, el consejero sí adelantó que la Comunidad de Aragón se responsabilizará de su parte, "como no podía ser de otra manera" a lo largo de 2010 y 2011, puesto que está previsto alcanzar ese objetivo en esos dos años.

Con la tormenta que está cayendo, la visita de ayer a Aragón del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Administraciones Territoriales, Manuel Chaves, no pasó desapercibida. Chaves señaló que el PSOE ya se está dirigiendo "a todos sus altos cargos en las Administraciones autonómicas, alcaldes, concejales y parlamentarios para que procedan a la reducción de sus sueldos". A excepción de los socialistas, todos los partidos con representación parlamentaria en la Comunidad entonaron una melodía parecida que se basa en dos amargos estribillos: críticas muy severas hacia las medidas propuestas por Zapatero y asunción de los recortes para sí mismos con las banderas de la solidaridad y la ejemplaridad.

En el PP, el portavoz en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, aprovechó para recordar que su partido lleva un año y medio -"y ya estábamos en crisis"- proponiendo recortes en altos cargos y empresas públicas. Suárez arremetió contra "la incapacidad" del Gobierno de Zapatero, y respecto a la rebaja del salario de los funcionarios puso en duda la situación juridica que podría tener una medida unilateral de esta naturaleza.

Javier Allué, portavoz parlamentario del PAR, lamentó que no hubiera habido un pacto de Estado y abundó en la falta de rumbo que parece sufrir el Gobierno de Zapatero. Allué recuperó la idea de suprimir ministerios cuyas competencias han sido asumidas por las comunidades autónomas, una vieja propuesta del PAR. Preguntado por el caso del Ejecutivo aragonés, el dirigente aragonesista señaló que "todos los Gobiernos pueden hacer un esfuerzo en este sentido". "El PAR no estará de acuerdo con ningún euro que se quiera recortar a Aragón", añadió Allué.

Doble reducción

También desde CHA, su presidenta, Nieves Ibeas, destacó que Aragón va a sufrir un doble recorte, el que ahora se anuncia y el que ya ha padecido vía Presupuestos e inversiones del Estado. Consideró que el ahorro que se va a conseguir con las rebajas salariales no va a servir para inversiones ni para generar empleos de calidad sino para minorar el déficit.

Como el coordinador de IU, Adolfo Barrena, coincidió en que estas medidas son una cesión a los mercados internacionales y a los bancos. "La crisis la va a pagar la gente normal", dijo Ibeas. Barrena, que calificó de "inconcebibles" las medidas, destacó también que IU aceptará los recortes salariales a los políticos, pero a la vez pidió que se les eleve el tipo del IRPF como al resto de la sociedad para que sea una medida auténticamente solidaria. "Estas medidas son radicalmente injustas", comentó.