Todavía no hay plan de fiscalización pero la Cámara de Cuentas ha comenzado a trabajar. A partir de los procedimientos obligatorios anuales que ya tenía establecidos el Tribunal de Cuentas y de su propio reglamento, va a solicitar a todos los ayuntamientos aragoneses que remitan antes del 28 de febrero todos sus contratos.

Para informarles de cómo se va a desarrollar el procedimiento y el sistema que se va a utilizar para remitirlos por vía telemática, la Cámara de Cuentas ha convocado tres reuniones explicativas en la Ciudad Escolar Pignatelli la próxima semana. En concreto, están invitados los alcaldes, secretarios e interventores municipales de las tres provincias. El miércoles le tocará el turno a los de Huesca, el jueves a los de Zaragoza y el viernes, a los de Teruel.

En principio, se les informará de que disponen hasta el próximo día 28 de este mes para enviar por mail una relación (en formato Excel) de todos los contratos firmados durante el pasado 2010. Deberán incluir el número de expediente, objeto, el contratista, el importe, la fecha de adjudicación definitiva, el órgano de contratación, el tipo de contrato.... En caso de que alguno de los municipios no hubiese firmado ninguna adjudicación, entonces deberá remitir una certificación negativa.

Hasta ahora, según fuentes del Tribunal de Cuentas, apenas el 30% de los municipios cumplían con esta obligación. Sin embargo, este año la Cámara de Cuentas quiere que ninguno esquive este deber. Por eso, está previsto que si en el plazo fijado no se reciben los documentos exigidos, mandará requerimientos individuales a todas las administraciones. No obstante, hay que recordar que, aunque en el reglamento que propuso este órgano se preveían sanciones por omisión del deber de colaboración, en el documento defintivo aprobado por las Cortes se anuló la posibilidad de que se pudieran imponer multas coercitivas a los insumisos.

Si el aviso no surte efecto, entonces se informará a la DGA del incumplimiento. También se puede llevar a la Fiscalía. En cualquier caso, este nuevo órgano podría pedir el auxilio del Tribunal de Cuentas, que sí tiene competencias para imponer multas. El reglamento prevé crear un registro público de requerimientos.

Una vez que la Cámara de Cuentas disponga de toda la relación de contratos de las entidades locales, revisará los listados y a partir de ahí, decidirá cuáles analiza con más detalle y por tanto, reclama más documentación a la administración correspondiente por si hubiera alguna irregularidad en la tramitación.

Independientemente de esto, el reglamento establece que todas las administraciones locales aragonesas tienen de plazo hasta el 15 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponda para la rendición de sus cuentas generales. En el caso del Gobierno de Aragón, el periodo concluye el 30 de junio.

Inspeccionar los contratos de las administraciones locales no será la única labor que la Cámara de Cuentas tendrá que emprender este año. Por primera vez y por tanto, con mayor celeridad, auditará el gasto electoral de los comicios autonómicos y municipales de mayo. Dispone desde el 22 de mayo de tres meses para fiscalizar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como de la normativa general aplicable a todos los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones. Se analizarán también las subvenciones recibidas de acuerdo a la representatividad. Todas las formaciones políticas deberán ser transparentes.

El personal sigue en el aire

En principio para finales de mayo o principios de junio, la Cámara de Cuentas tiene previsto tener a todo su personal a pleno rendimiento. No obstante, las Cortes, siete meses después de la constitución del órgano fiscalizador, sigue sin aprobar la relación de puestos de trabajo. Ayer, la Mesa y la Junta de Portavoces volvieron a dejarla en 'stand by' por discrepancias sobre el procedimiento de contratación del personal. De esta forma, vuelve a retrasarse la convocatoria pública para auditores, informáticos, administrativos... El Parlamento tampoco fijó sus prioridades para que la Cámara las incorpore a su plan de fiscalización anual.

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