Aragón, 20 años de espera por sus bienes eclesiásticos en manos de Cataluña
Ríos de tinta han narrado el largo y tortuoso camino seguido desde Aragón en los tribunales.
Aragón continúa a la espera del regreso de los bienes de las parroquias de la zona oriental de la Comunidad, justo veinte años después de producirse la ceremonia de constitución de la nueva diócesis de Barbastro-Monzón, con la que se consolidó el ajuste de los límites diocesanos a los administrativos y políticos.
La ceremonia se llevó a cabo el 17 de junio de 1995 en la concatedral de Monzón ante la presencia de todos los obispos de Aragón y del que ocupaba entonces la plaza de Lérida, Ramón Malla, así como del nuncio papal, Mario Tiaglaferri, y de las primeras autoridades aragonesas del momento.
La voz de alerta sobre la negativa del prelado ilerdense a devolver las bienes histórico-artísticos de las parroquias aragonesas la dio el 10 de febrero de 1997 el párroco del pequeño núcleo oscense de Capella, que en una rueda de prensa convocada por otros motivos destapó el conflicto surgido.
Este párroco denunció públicamente entonces la "actitud antievangélica" del obispo Malla a causa de las dificultades planteadas al titular de la nueva diócesis de Barbastro-Monzón para la devolución de las 113 piezas reclamadas.
Desde entonces, ríos de tinta han narrado el largo y tortuoso camino seguido desde Aragón en los tribunales, primero en los religiosos y luego en los civiles, para conseguir el retorno de unas piezas cuya titularidad aragonesa nadie discute ya.
El decreto de constitución de la nueva diócesis, que preveía, entre otras cuestiones, la devolución de los bienes, fue recurrido por la Diócesis de Lérida ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.
Este alto tribunal vaticano rechazó hasta en tres ocasiones, en 1997, 2001 y 2007, los recursos interpuestos por los obispos de Lérida para tratar de impedir la devolución.
Resoluciones confirmadas de forma insistente en otras instancias vaticanas como el Tribunal de la Rota y la Congregación de Obispos de Roma, que a lo largo del litigio hizo públicos decretos para ordenar al titular de la Diócesis de Lérida la devolución de las piezas.
Una orden, por otra parte, que los sucesivos obispos de Lérida han asegurado de forma reiterada que no pueden cumplir al estar incluidos los bienes en el patrimonio histórico de Cataluña y bajo la tutela del consorcio del Museo Diocesano y Comarca de Lérida, y que les ha llevado a incumplir los plazos dados desde Roma para hacer efectiva la devolución.
Lo cierto es que poco después de hacerse público el litigio, en 1997, la Generalitat inició el proceso de catalogación de todas las piezas procedentes de parroquias aragonesas depositadas en el Museo de Lérida, hasta entonces sólo de titularidad eclesial.
El proceso de catalogación culminó en marzo de 1999, y dos meses después se constituyó un consorcio para gestionar el museo, al que el obispo de Lérida cedió los bienes para su custodia.
Desde entonces, en respuesta a las sentencias del Vaticano, el Gobierno catalán insiste en que los referidos bienes conforman una colección indisoluble de su patrimonio cultural y rechaza de forma tajante su devolución.
La estrategia surgida en Aragón para hacer frente a esta situación surgió hace unos pocos años a instancias de algunos ayuntamientos altoaragoneses que también reclaman la devolución de bienes depositados en Lérida como los de Berbegal y Peralta de Alcofea y de asociaciones como Apudepa.
Estrategia promovida por el letrado Jorge Español que llevó al Gobierno aragonés en 2010 a catalogar las piezas depositadas en el Museo de Lérida como bienes de Interés Cultural (BIC) de su propio patrimonio histórico-artístico.
Estas catalogaciones, tanto las de los bienes procedentes de las 111 parroquias adscritas a la Diócesis de Barbastro-Monzón como los de las iglesias de Berbegal, Peralta de Alcofea y otros municipios, fueron recurrida rápida e insistentemente en los tribunales por el Gobierno catalán.
Catalogaciones que, sin embargo, fueron confirmadas en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, y que, a juicio de Jorge Español, abren de forma definitiva la puerta a la devolución de los bienes reclamados.
El Supremo entiende en sus resoluciones que estos bienes se encuentran depositados en Lérida con carácter provisional y que la diócesis de esta población catalana los retiene a título de depósito y no de propiedad.
Unos argumentos, en opinión de Español, que dejan sin "eficacia jurídica" la catalogación catalana como una colección inseparable.
Entre las piezas más significativas a devolver figuran los frontales de San Hilario de Buira y San Vicente de Tresserra, dos pinturas románicas del siglo XIII de gran valor artístico, una talla gótica de la Virgen de Zaidín (s.XIV), una arqueta procedente de Buira (s.XIV), o un bol del s.XIV procedente de Benavente con inscripciones árabes.
Pero además, al margen del conflicto de las parroquias de la Franja Oriental de Aragón, el Ayuntamiento de Berbegal reclama un valioso frontal románico, y el de Peralta de Alcofea una tabla gótica y el pórtico de la antigua iglesia de El Tormillo, que la Diócesis de Lérida incorporó a una vieja iglesia de su ciudad décadas atrás.
