Vuelta a clase en Caneto con amparo judicial y a la espera de regularizar la escuela

Los 21 escolares de esta aldea de Sobrarbe, "felices" tras el reencuentro con sus profesores.

Reapertura de la escuela de Caneto
Reapertura de la escuela de Caneto
Verónica Lacasa

Los 21 niños del pueblo de Caneto se han reencontrado este martes con sus profesores. A las 9.00 han recorrido "felices e ilusionados" los pocos metros que separan sus casas de las dos cabañas de madera donde están las aulas, después de más de dos meses sin verlos por el cierre decretado por el departamento de Educación. Han sido los padres, por turnos, y un maestro voluntario los que en este tiempo se han ocupado de atenderlos en la escuela, dada la negativa de las familias a un traslado al colegio de Tierrantona, a 45 minutos de viaje por una carretera peligrosa.

Los padres confían en que la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ordenando reanudar las clases se prolongue hasta que puedan ser subsanadas las deficiencias esgrimidas para el cierre. "Son cuestiones burocráticas en su mayoría", comenta Peña Pérez Salcedo, una de las portavoces, como que el suelo sea rústico o que no se hayan aportado los proyectos técnicos de los servicios de luz, agua, internet o saneamiento, que sí existen. "De hecho es Educación la que paga la factura de internet".

Los 21 escolares de esta aldea de Sobrarbe vuelven a clase tras la orden judicial con la esperanza de poder acabar el curso

Los niños han acudido al colegio "con más ganas que nunca", señala esta madre. "Ha sido un día fácil en casa porque no ha habido que pinchar para que se levantaran". Cristian González, otro de los progenitores, con su hijo Gael en brazos tras la jornada escolar, admite que las familias han respirado "aliviadas, porque ellos han podido volver a la normalidad y nosotros, también. Hemos tenido que gestionar que nos dejaran sin escuela e intentar compaginar nuestros trabajos con la atención de los niños".

Nadir, Lorien y Silvia, tres de los alumnos mayores, volvían a las 14.00 a casa con una sonrisa de oreja a oreja. "Ha sido muy guay encontrarnos otra vez con los profesores", dicen. Ha sido un día para reorganizar las tareas pendientes tras el largo paréntesis abierto el 7 de noviembre de 2023.

Las familias son cautelosas, conscientes de que el auto judicial es provisional. "Pies de plomo porque esto es una medida cautelar", admite Peña Pérez Salcedo, quien agradece "la sensibilidad de los jueces, que han considerado que el cierre con el curso ya empezado no era adecuado". Ella cree que es el momento para que la consejería y el Ayuntamiento subsanen las deficiencias que pueda haber, aunque esta institución tiene "pocos recursos técnicos y económicos".

Las familias plantearon hace dos semanas una demanda contra el cierre ante el TSJA y pidieron la reanudación cautelar de las clases. Para su abogada, Paula Hormigón, la medida es "un paso importantísimo", pues no tendría sentido esperar dos o tres años a la sentencia, aunque saben que se puede levantar si los informes que aporte el Gobierno de Aragón demuestran la existencia de un riesgo para la seguridad de los niños.

"El objetivo es la regularización de la escuela, que tiene abierto un expediente para ello desde 2019", indica la letrada. "La mayor parte de las deficiencias son cuestiones urbanísticas y hemos presentado dos informes confirmando que son instalaciones seguras". Por otra parte, añade, "el propio auto del TSJA indica que lo más importante es no sacar a los niños de su entorno, porque la carretera es peligrosa, debe prevaler el interés del menor e incluso se puede cambiar la escuela de ubicación si ese es el problema".

Por su parte, la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha aclarado que la medida cautelar se acató y “rápidamente” se ha reabierto la escuela. “Máximo respeto. Estamos a disposición de las autoridades judiciales”, ha dicho. El departamento tiene 15 días para detallar la deficiencias al TSJA, que podrá decidir si revoca la cautelar.

Pérez Forniés ha insistido en que cuando empezó el curso se encontraron con informes de 2019 que cuestionaban la seguridad del centro, que está sin legalizar. Mandaron en octubre a los técnicos, que hicieron un nuevo informe “que volvió a ser muy desfavorable”.  “Lo único que nos ha movido siempre ha sido la seguridad de los niños”, ha declarado, recordando que “es un problema heredado del PSOE”.

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