Los niños y adolescentes de Aragón ya no pueden usar el teléfono móvil (ni otros dispositivos digitales como relojes inteligentes) en las aulas. Tampoco en los recreos ni en las extraescolares. Así se recoge en las instrucciones remitidas por el Departamento de Educación, que afectan a centros públicos y concertados, y que han provocado disparidad de opiniones entre familias y docentes, que oscilan entre los que ven "positivo" este primer paso y los que consideran que la medida "llega tarde" y "sin consensuarse".

"Estamos convencidos de que necesitamos un marco de convivencia en la escuela", señaló la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, quien recalcó que, aunque las nuevas tecnologías son "importantísimas", el mal uso por parte de algunos niños y adolescentes puede desencadenar en "consecuencias negativas para su salud física y mental". "Nuestros niños en la escuela pasan unas horas limitadas al día y cuando salen de las clases están con sus familias, pero si se producen unos efectos perniciosos del uso del móvil, tenemos que actuar", subrayó sobre el aumento de casos de ideación suicida y acoso escolar.

La consejera apuntó que otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Andalucía y Madrid ya cuentan con una normativa al respecto. Y apostilló que solo es un "punto de partida", puesto que la intención es ampliar la normativa con lo que se consensúe en el grupo de trabajo sobre este tema que este martes se constituyó en el Consejo Escolar de Aragón.

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Las nuevas limitaciones, que suponen un "paraguas" para los centros, cuentan con determinadas excepciones. Estos dispositivos sí que se podrán utilizar cuando su uso esté recogido en el proyecto educativo del centro o si los padres han trasladado directamente la necesidad de que el menor pueda acceder a su móvil en horario lectivo. Por su parte, en FP superior, Régimen Especial y Adultos se podrán adaptar las instrucciones en los periodos no lectivos, ya que son mayores de edad.

Si estos dispositivos se utilizan cuando no están permitidos, según se recoge en las instrucciones, podrán ser requisados. Esto se hará por parte del equipo directivo, con dos miembros presentes, y solicitando al alumno que lo apague antes. "El teléfono móvil o dispositivo retirado será depositado en el despacho de la dirección del centro que procederá a su custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumnado afectado", se especifica en el documento. Todo ello deberá recogerse en las normas de convivencia del Reglamento de Régimen Interior de los centros.

Para abordar el uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales por parte de los menores, está previsto que se lleven a cabo programas específicos para los docentes y también jornadas para las familias.

Diferentes perspectivas

Las instrucciones provocaron discrepancias de opiniones. Desde la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) vieron "positivo" que se empiece a legislar: "Son instrucciones muy superficiales, pero si es el principio de un desarrollo más profundo es un buen principio". No obstante, su presidente, Horacio Tabernero mostró sus dudas respecto a la necesidad de que haya dos miembros del equipo directivo para requisar el teléfono. Su homóloga en la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria (Adiaragon), Pilar García, destacó el "refuerzo" que supone para la norma ya existente, pero adelantó que, si no se cuenta con el apoyo de las familias, "será complicado de gestionar".

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Esto también lo alertaron algunas centrales sindicales, que en su mayoría pusieron el foco en la "sobrecarga" de trabajo que podría acarrear y en que la medida se presentara antes de ser abordada con la comunidad educativa. "Es necesario regular el uso del móvil en las aulas para facilitar la convivencia, controlar el uso incorrecto y favorecer sus potencialidades; pero estamos totalmente en desacuerdo con cómo hace las cosas Educación. Publican estas instrucciones sin negociar ni informarnos previamente a la comunidad educativa, sin pasar por el Consejo Escolar", criticaron desde CSIF.

En un mismo sentido se manifestaron desde CGT. "Es un ataque a la autonomía pedagógica", apostillaron, al tiempo que calificaron de "despropósito" que se regule de igual modo la situación para alumnos de diferentes edades y actividades tan dispares como las clases ordinarias o un viaje de estudios. STEA pidió un protocolo "claro y con garantías legales" en caso de sorprender al alumnado utilizando el móvil dentro del aula. Más optimistas fueron en CC. OO. y UGT, que aunque lamentaron la "sobrecarga" y falta de "negociación", calificaron la iniciativa de "positiva".

Más recelos despertó en la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), quienes la vieron "ambigua" y con el riesgo de generar "más dudas que efectividad en su aplicación". No obstante, pusieron el foco, al igual que desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), en la preocupación por el uso inadecuado del móvil. "Las medidas correctoras deben ir acompañadas de programas de concienciación hacia el alumno", apuntaron desde Fecaparagón.

Las críticas también llegaron desde el plano político. PSOE lamentó la "precipitación" de las instrucciones y anunció su intención de pedir la reprobación de la consejera en el próximo pleno.