Las ONG aragonesas avisan: "Los brutales recortes en cooperación ponen en riesgo todo lo conseguido"

Las entidades lamentan que la partida del Gobierno de Aragón baje de 6,2 a 1,5 millones (-76%) y la del Ayuntamiento de Huesca, de casi 100.000 a solo 45.000 euros (-55%).

Presentación en Huesca del último informe de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón.
Presentación en Huesca del último informe de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón.
Rubén Darío Núñez

"Los recortes de ayudas son tan brutales que no solo afectan a proyectos de futuro sino que ponen en riesgo lo poco que se había conseguido hasta ahora. Porque cuando intervienes en una comunidad o en un barrio, es un proceso que lleva años hasta ellos mismos pueden seguir adelante por sí solos". Este es el aviso que lanzaron este martes desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) tras el tijeretazo aplicado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca a sus partidas para cooperación al desarrollo y que alcanzan el 76% y el 55%, respectivamente. 

El Ejecutivo de Jorge Azcón había pactado con Vox una reducción de estas ayudas del 80%, pasando de 6,2 a 1,2 millones de euros, y en el trámite de enmiendas a los presupuestos solo se ha logrado incrementar esta última cantidad en 300.000 euros, "lo que sigue siendo una manera de eliminar prácticamente la cooperación", aseguró Estrelicia Izquierdo, representante de la FAS, quien apela al PP a que "reflexione y revierta estos ataques furibundos a la ayuda al desarrollo".

Por su parte, Ana Fuertes, portavoz de las oenegés oscenses, incidió en el recorte acordado en el pacto PP-Vox para los presupuestos de 2024 del Ayuntamiento de Huesca, donde esta partida pasará de 96.000 euros a los 45.000 reservados para "transferencias corrientes a asociaciones sin ánimo de lucro en el exterior', aunque desde el partido de extrema derecha cifraron el descenso en un 94% al contabilizar solo 6.000 euros.

"La mezquindad y la pobreza de planteamientos políticos no nos representan", denunció al respecto, y en la misma línea de su compañera de la FAS advirtió que "se pierde una partida económica, pero se pierden con ella aprendizajes, proyectos de vida, derechos universales y la expresión de la solidaridad de una ciudad que hoy falla a su compromiso con un mundo más justo y más sostenible". 

Aprovechó para recordar que con las subvenciones de este año se han apoyado actuaciones de Bomberos Unidos Sin Fronteras y de Unicef tras los terremotos de Marruecos, Siria y Turquía. Pero también otros proyectos impulsados desde Burkina Faso a Nicaragua, pasando por Senegal, India o México con al menos 9.000 beneficiarios (40% mujeres, 32% mujeres y 23% niños, niñas y adolescentes). Y de ellos, un 5% eran personas con discapacidad. Y por ello, reclama que estas ayudas "deberían estar al margen de los juegos políticos regionales y locales que se traen entre manos los que deberían ser, también, representantes de los voluntarios, voluntarias y personal técnico de nuestras organizaciones".

En el mismo acto, la FAS presentó los resultados del último informe sobre la cooperación al desarrollo en Aragón. Según expuso Ricardo Álvarez, solo 22 administraciones destinaron fondos públicos en el año 2022. En total, sumaron 10,5 millones de euros, un 0,12% del total de sus presupuestos, lejos del objetivo del 0,7%. 

Informe de 2023 de la Ayuda Oficial al Desarrollo en Aragón.
Informe de 2023 de la Ayuda Oficial al Desarrollo en Aragón.
FAS

Aplaudieron especialmente a la Diputación Provincial de Zaragoza, que lidera el ranquin con el 0,88% de su presupuesto. Por detrás se situaron los ayuntamientos de Jaca (0,58%), Teruel (0,53%) y Utebo (0,38%). En este sentido, denunciaron el recorte del 21% del Ayuntamiento de Zaragoza y que el Gobierno de Aragón solo destinara el 0,08% de su presupuesto. La Diputación Provincial de Huesca llegó al 0,22% y el Ayuntamiento de Huesca al 0,15%.

Ante esta situación reclaman la firma y el cumplimiento de pactos por la ayuda al desarrollo, así como acciones de cooperación que se pueden realizar sin presupuesto específico como primar el comercio justo y la economía solidaria en la contratación y compra pública. Y dejan claro también que "no hay dinero público más fiscalizado ya que el destinado al cooperación".

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