El PP cierra un acuerdo con la Policía Local de Huesca sobre turnos, permisos u horas extra

La Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Huesca ha alcanzado un acuerdo sobre el régimen organizativo de la Policía Local, culminando así las conversaciones abiertas el pasado 6 de julio. El documento, que regula aspectos como turnos, permisos, formación u horas extraordinarias, será oficial una vez que tenga el refrendo de la alcaldesa, Lorena Orduna, "mediante una instrucción que le otorgue la correspondiente validez jurídica", según ha anunciado este viernes el consistorio. 

El objetivo del mismo es, en palabras del Ayuntamiento, "procurar la adecuada prestación de los servicios por parte de la Policía Local teniendo en cuenta las actuales dotación y circunstancias de la plantilla". El preámbulo del texto recoge que el colectivo profesional debe adecuarse "a la realidad de una ciudad que demanda la potenciación de políticas públicas preventivas y correctivas en materia de seguridad ciudadana, que satisfagan los principios de calidad, eficacia, eficiencia y proximidad a la ciudadanía en situaciones de alerta y menoscabo de la seguridad".

Según ha subrayado el equipo de gobierno, culmina así un proceso negociador del cual formaba parte un primer acuerdo, suscrito en julio, "que tanto y tan innecesariamente alarmó al Grupo Municipal Socialista".

Y defiende que va a servir también para adecuar a la normativa una instrucción sobre formación firmada en el mandato pasado por el edil de Personas y Organización del entonces equipo de gobierno socialista. "Este documento debería haberse pasado por la Mesa General de Negociación en su día y no se hizo, por lo que, actualmente, carece de validez, motivo por el cual es preceptiva su negociación en dicho órgano", ha precisado el equipo que encabeza Lorena Orduna.

La polémica sobre este asunto saltó a finales de septiembre. El PSOE criticó que el acuerdo firmado el 21 de julio con los sindicatos de la Policía Local CSIF y CSL para regular turnos u horas extras de la Policía lo habían rubricado los concejales de Personal y Seguridad Ciudadana y la jefa de gabinete de Alcaldía, y que dos de ellos no tenían competencias para hacerlo por lo que era "nulo de pleno derecho". Entonces, la alcaldesa procedió la anulación de ese acto en concreto pero siguió adelante el conjunto de negociaciones.