Huesca llega al Supremo para evitar retirar del callejero los nombres de tres alcaldes de la Dictadura
La decisión se ha adoptado por unanimidad, y va en sintonía con los acuerdos del pasado mandato, cuando gobernaban los socialistas.
El Ayuntamiento de Huesca ha decidido recurrir en casación, ante el Tribunal Supremo, la orden de retirar del callejero los nombres de tres alcaldes de la Dictadura, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que le reclamó que suprimiera las denominaciones de Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa Coarasa y Mariano Ponz Piedrafita.
La decisión ha salido adelante por unanimidad en la comisión de Cultura, Educación y Relaciones Institucionales, y deberá ser ratificada por el pleno.
Según el Ayuntamiento, los servicios jurídicos estiman que cabe recurso de casación contra la sentencia, comunicada en julio. "La propuesta del equipo de gobierno de recurrir el fallo es coherente con la línea argumental y de acción que en esta materia lleva el Ayuntamiento desde el pasado mandato", cuando gobernaba el socialista Luis Felipe, según destaca en un comunicado el equipo de gobierno del PP.
El TSJA ratificó el fallo de un juez de primera instancia que ordenó eliminar del callejero de Huesca las referencias a los alcaldes de la Dictadura. Esa sentencia consideró que los nombres de cuatro calles (Federico Mayo, Mateo Estaún, Mariano Ponz y José María Lacasa), al ser personas "afectas al franquismo", infringían la Ley de Memoria Democrática de 2018.
El Ayuntamiento presidido por el exalcalde Luis Felipe (PSOE) recurrió la sentencia basándose en las contribuciones que hicieron a la ciudad, pero la sección n.º 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA rechazó la apelación y lo condenó en costas. En cuando a la mención al militar falangista Federico Mayo, sí la sustituyó por la calle de la Música. Sin embargo, se opuso a que los regidores de la Dictadura Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz Piedrafita desaparecieran.
Los promotores de la demanda eran el Colectivo Ciudadano de Huesca, Apudepa y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, además de personas a título particular.
Según el TSJA, los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento colisionaban con la interpretación de las leyes de Memoria Democrática en vigor, la aragonesa de 8 de noviembre de 2018 y la de carácter estatal aprobada el 19 de octubre de 2022. "La participación destacada de los tres en el régimen franquista, en las organizaciones que sustentaron la dictadura y unidades civiles o militares de colaboración en el régimen franquista hace que consideremos acertada la decisión que aquí se combate", señaló el Tribunal Superior. Las leyes de memoria no se hicieron, dijo, pensando "en que un militar o un político deje de ser dirigente franquista o parte relevante en el golpe de Estado por haber realizado hechos relevantes para su ciudad o para la sociedad".
