La Tesorería General de la Seguridad Social se abre a ceder tres locales sin uso al Ayuntamiento de Huesca después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya reformado el Real Decreto sobre el patrimonio de este organismo para facilitar el uso a otras administraciones de más de mil inmuebles vacíos de su propiedad, entre edificios hasta solares, pasando por locales, fincas rústicas y naves o garajes.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, anunció en el último pleno su intención de solicitar la adscripción de alguna de estas antiguas sedes después de haberse reunido en diciembre con el ministro José Luis Escrivá con el objetivo de destinarlos a usos públicos, aunque no especificó más.

El director provincial de la TGSS, Alfonso Ramos, explica que actualmente tienen tres propiedades vacías en Huesca. La principal es la antigua sede de la calle de San Jorge, que se quedó sin uso en 2009 con el traslado a un nuevo edificio inteligente en la avenida Pirineos que costó 8 millones de euros. Desde entonces, varias administraciones (DGA, Comarca, Ayuntamiento...) y entidades sociales (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón) intentaron conseguir su cesión o su alquiler, pero ninguna fructificó. 

También están en esa misma situación el local donde se ubicó el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en la calle de María Auxiliadora, además de la anterior sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en la plaza de Santo Domingo que revertió a la Tesorería después de su traslado al antiguo Banco de España. Y junto a ello disponen de dos pisos en la calle Zaragoza que ocupaba el Equipo de Valoración de Incapacidades que quieren sacar a subasta.

"Ya hemos hablado con el Ayuntamiento y sabemos que quieren pedir alguna de estas sedes con esta nueva fórmula, pero estamos pendientes de recibir la solicitud. Si lo pidieran, probablemente prosperaría ya que esta norma lo permite si se reúnen una serie de requisitos mientras que antes solo podíamos adscribir propiedades a nuestros propios organismos", señala Ramos. Y aclara que la adscripción lleva consigo únicamente la asunción de los gastos de mantenimiento y del IBI, pero no requiere el pago de alquileres.

Esta nueva norma simplifica y facilita la adscripción, cesión y enajenación de inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social pero que no están siendo utilizados por ninguna de las entidades gestoras. Eso sí, las administraciones o entidades a las que sean adscritos o cedidos los inmuebles tendrán que garantizar su empleo en fines de utilidad pública.

La nueva normativa reduce los plazos de tramitación ya que se podrán acordar las adscripciones de forma directa, sin necesidad de acudir al procedimiento de cesión de uso, que es más largo. Y también agiliza los procedimientos en el caso de la cesión al fijar el plazo máximo para la tramitación en 90 días.