Huesca
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Un fiscal belga achaca a un error del juzgado oscense la suspensión juicio por los bienes de Sijena

Desde Bruselas aseguran no haber podido citar en tiempo y forma a Puig porque los documentos fueron enviados de forma equivocada a la fiscalía de Brujas.

Lluís Puig este viernes en Bruselas.
Lluís Puig en una imagen de archivo.
YVES HERMAN/Reuters

La Fiscalía de Bruselas ha atribuido a un error del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca la suspensión del juicio que se debía celebrar el pasado 4 de mayo contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat catalana Santi Vila y Lluis Puig por su negativa a devolver los bienes del patrimonio histórico artístico del Monasterio de Sijena.

En el último escrito remitido desde el ministerio público belga en contestación a los requerimientos formulados desde el tribunal oscense, al que ha tenido acceso Efe, se asegura no haber podido citar en tiempo y forma a Puig porque la petición y los documentos fueron enviados de forma equivocada a la fiscalía de Brujas.no haber podido citar en tiempo y forma a Puig porque la petición y los documentos fueron enviados de forma equivocada a la fiscalía de Brujas.

Este "error" al que alude la fiscalía de Bruselas obligó a la magistrada del juzgado oscense a suspender el juicio un día antes de la fecha señalada para su celebración y a aplazarlo hasta el próximo 5 de octubre.

Los correos intercambiados entre este tribunal y la fiscalía belga evidencian que la petición inicial fue remitida el pasado 29 de abril, cinco días antes del día marcado para la vista.

Fuentes judiciales confirmaron entonces a Efe que con el aplazamiento se pretendía evitar que el exconseller Puig pudiera recurrir al Constitucional o a instancias judiciales europeas por una presunta violación de sus derechos derivada de la anulación del procedimiento.

Unas semanas antes, el extitular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, trasladado posteriormente a Zaragoza, descartó el planteamiento de la fiscalía belga de que Puig declarara por videoconferencia con el apoyo de un juez de instrucción o de la policía de dicho país.

Esta decisión se derivaba de un escrito remitido previamente por la fiscalía de Bélgica en el que se advertía de que el sistema de videoconferencia impediría cualquier consulta "inmediata y confidencial" entre el acusado y el abogado desplazado al tribunal oscense para asistirle legalmente.

Petición que el juez oscense rechazó al considerar que no procedía la presencia de un instructor belga al no estar la causa en fase de instrucción, "ni mucho menos de la policía para su toma de declaración".

El ministerio fiscal de Huesca solicita para cada uno de los exconsellers penas de 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante once meses por presuntos delitos de desobediencia a la administración de justicia.

Por su parte, la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicita la misma condena de cárcel pero la eleva a 300 euros diarios durante 11 meses, así como dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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