El tribunal admite como prueba el vídeo de los supuestos abusos del guardia civil a los menores de Barbastro

La defensa insiste en su nulidad "porque se grabó sin autorización judicial" e insiste en que la conducta del acusado "no es delictiva".

El guardia civil acusado de abusos a menores de Barbastro está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Huesca.
El guardia civil acusado de abusos a menores de Barbastro está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Huesca.
Verónica Lacasa

La Audiencia Provincial de Huesca ha aceptado como prueba un vídeo donde supuestamente se aprecian los abusos de un guardia civil de 50 años de edad a los menores a los que daba clases extraescolares de inglés en Barbastro y que grabó otra profesora del mismo centro.

La defensa, ejercida por el abogado Enrique del Castillo, solicitó la nulidad de la grabación "porque carece de la validez necesaria para ser prueba de cargo ya que no hubo autorización judicial", ha explicado este miércoles, pero el tribunal la ha admitido. Pese a ello, las imágenes no relevan "ningún tipo de abuso", en su opinión, por lo que considera que la conducta de su cliente "no es delictiva" y pide su absolución.

Del Castillo ha hecho estas declaraciones antes del inicio de la segunda sesión del juicio que se celebra a puerta cerrada y en el que este guardia civil que era jefe de Intervención de Armas en el cuartel de Monzón -tras su detención fue suspendido por el Ministerio de Defensa y cesado de su puesto por la Guardia Civil- se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y seis meses de cárcel por cada uno de los presuntos delitos de abusos continuados a 17 menores cometidos durante el curso 2018/2019. No obstante, en caso de ser condenado, cumpliría como mucho 16 años y seis meses de prisión, es decir, el triple de la pena más grave (cinco años y seis meses), según el artículo 76 del Código Penal.

Además de la declaración del acusado, se han reproducido las grabaciones de las exploraciones que se hicieron a las víctimas durante la fase de instrucción. Los menores han sido llamados a declarar a lo largo de esta semana.

El guardia civil ingresó en prisión provisional tras su detención pero desde principios de 2020 quedó en libertad condicional después de pasar siete meses en la prisión castrense de Alcalá de Henares y pagar una fianza de 6.000 euros. Además, el juez le impuso la prohibición de residir en Barbastro y de aproximarse a las víctimas. Pese a estas medidas, la decisión judicial provocó la indignación de las familias.

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