Un guardia civil que daba clases de inglés se enfrenta a 16 años de cárcel por abusos a menores de Barbastro
El juicio a puerta cerrada ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Huesca y se prolongará hasta el viernes. Tras las denuncias, fue suspendido en funciones y cesado de su puesto en Monzón.
La Audiencia Provincial de Huesca ha iniciado este martes el juicio contra un guardia civil de 50 años de edad, S. E., acusado de abusar presuntamente de 17 menores de edad (tenían entre 6 y 10 años) a las que daba clases extraescolares de inglés en dos colegios de Barbastro.
La Fiscalía pide para él penas que suman más de 90 años de prisión aunque en caso de ser condenado cumpliría como mucho 16 años y seis meses, es decir, el triple de la pena más grave (cinco años y seis meses), según el artículo 76 del Código Penal. El juicio, que se celebra a puerta cerrada, se prolongará hasta el viernes.
Concretamente, el ministerio público solicita por cada uno de los 17 delitos de abusos sexuales continuados que se le imputan una pena de cinco años y seis meses de prisión, así como la prohibición de aproximación y comunicación con las menores durante 10 años y una medida de libertad vigilada durante otros 10 años.
Los hechos se produjeron durante el curso 2018/2019 y a raíz de su detención, el agente fue suspendido en funciones por el Ministerio de Defensa y la Guardia Civil le cesó de su destino en el cuartel de Monzón, donde era el Jefe de Intervención de Armas.
En la primera sesión no ha habido declaraciones ya que las partes han estado buena parte de la mañana resolviendo cuestiones previas, entre ellas la validez como prueba de un vídeo donde supuestamente se aprecian los tocamientos a los menores. Este miércoles sí que prestará declaración el acusado, cuyo abogado solicita la absolución, y a lo largo de los siguientes días los harán también las víctimas. Otra profesora de extraescolares fue al parecer la que destapó los presuntos abusos.
Polémica excarcelación
El guardia civil ingresó en prisión provisional tras su detencion pero desde principios de 2020 quedó en libertad condicional tras pasar siete meses en la prisión castrense de Alcalá de Henares y pagar una fianza de 6.000 euros. Además, el juez le impuso la prohibición de residir en Barbastro y de aproximarse a esta misma ciudad a una distancia inferior a los 25 km. También le impidió acercarse a menos de 500 m de las víctimas y a menos de 20 m de lugares que fueran frecuentados por menores como centros educativos, parques, polideportivos o cualquier centro de ocio infantil.
En su resolución, el juez de Barbastro también estableció la obligación para el guardia civil de comparecer todas las semanas en el juzgado de su nuevo lugar de residencia. Además, le retiró el pasaporte con expresa prohibición de abandonar el territorio nacional para evitar su fuga.
Pese a estas medidas, la decisión judicial provocó la indignación de las familias de las menores y de la comunicad educativa ya que un centenar de padres y madres de alumnos de los colegios públicos Alto Aragón y Pedro I y vecinos de Barbastro se solidarizaron con ellas en una concentración de repulsa.
