Piden el ingreso en prisión de Victorino Alonso por ocultar 25 millones de euros en Panamá
l juez recibe documentación de los Papeles de Pandora que según la acusación evidencian que falseó su patrimonio.
La acusación popular en el caso de la cueva de Chaves acaba de solicitar el ingreso en prisión de Victorino Alonso, a la vista de los documentos aportados al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, que según esa parte demostrarían que dio información "inexacta e insuficiente" sobre su patrimonio, al declararse insolvente cuando tenía cuentas millonarias en Panamá.
El empresario minero fue condenado en 2016 por arrasar el yacimiento neolítico de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su coto de Bastarás (Casbas de Huesca), pero se le suspendió la pena de dos años. Gracias en parte a su insolvencia, eludió la cárcel y el pago de 25 millones de euros de indemnización al Gobierno de Aragón por el delito contra el patrimonio.
Su nombre apareció el pasado mes de octubre en la lista de 600 españoles con sociedades opacas en paraísos fiscales. Entonces, la acción popular, ejercida por la asociación de defensa del patrimonio Apudepa, pidió anularle la suspensión de la pena y el juzgado requirió pruebas al respecto al diario El País, que participaba en el Consorcio de Periodistas de Investigación que desveló los Papeles de Pandora.
A mediados de enero se recibió la documentación. En ella figura el contrato de una cuenta bancaria, con disponibilidad de 25 a 30 millones de euros, a nombre de Neilmar Investments Honding S. A.; el poder general de esa firma designando a Victorino Alonso García para administrar todos los bienes, gestionar y extraer fondos; y el acta de una reunión de la junta directiva.
Los tres papeles están fechados entre junio de 2016 y junio de 2017. Alonso fue condenado el 9 de noviembre de 2016 a 2 años y 6 meses de cárcel, que la Audiencia rebajó luego en seis meses, y al pago de la indemnización de 25.490.805 euros por los daños en el yacimiento.
A la vista de la información recibida de los Papeles de Pandora, la letrada de la acción popular, Pilar Villellas, volvió a solicitar la semana pasada la revocación de la suspensión de la pena, al entender que queda demostrado que Alonso facilitó información "inexacta" o "insuficiente" de su patrimonio. El juez debe decidir ahora si mantiene o no ese beneficio que lo libró de la cárcel.
Según argumenta la abogada de la acusación, "con el objeto de evitar el cumplimiento de la condena, procedió a desviar de 25 a 30 millones de dólares al paraíso fiscal de Panamá, impidiendo con ello la ejecución de la sentencia". Pese a los muchos requerimientos para que facilitara datos de su patrimonio, nunca habló de este dinero, que demostraría que no se encuentra en situación de insolvencia "y ha estado ocultando bienes" para no pagar la indemnización.
Por su parte, la defensa de Alonso cree que los papeles no aportan nada nuevo: en la cuenta bancaria no hay referencia a su cliente y en los otros no figura su firma, asegura. Según justifica, Alonso nunca ha ocultado la dirección de compañías en países europeos, de América y África. De esos documentos, concluye, "no puede deducirse que sea titular de un patrimonio opaco" ni el incumplimiento de las condiciones acordadas por el juzgado. La Fiscalía, por su parte, está a la espera de que el magistrado le dé traslado de su resolución.
Con la pensión embargada
La declaración de insolvencia de Alonso data del 29 de octubre de 2018. Solo ha realizado pagos parciales de forma mensual al tener embargada parte de su pensión. Así, la indemnización la tuvo que asumir Fimbas, la sociedad titular de la finca de caza, en la que Alonso actuaba como administrador único, con la dación en pago de los terrenos.
Alonso eludió la prisión porque era insolvente para afrontar la responsabilidad civil, la pena no excedía de dos años y no tenía antecedentes antes de ser condenado. Ahora, como ya se está afrontando el pago de la indemnización, la acción popular no pide revocar la suspensión de la pena por este motivo sino por facilitar información inexacta sobre sus bienes, una circunstancia contemplada en el Código Penal.
En septiembre del 2021, el juzgado decretó finalmente el embargo de la finca de Bastarás, de 1.932 hectáreas, a favor de la DGA. Fimbas no había pagado cantidad alguna y solo constaban como satisfechos 45.423 euros de la pensión de Alonso. La propietaria del coto ha mantenido un tira y aflora con la administración en estos años. Primero lo ofreció para afrontar la deuda tasándolo en 12 millones y la DGA la llegó a aceptar como última opción, pese a que creía que no valía más de 2. Sin embargo, la transmisión nunca se formalizó y el juzgado optó por embargarla
