destrucción del yacimiento de la cueva de chaves

Victorino Alonso, declarado insolvente, tuvo sociedades opacas en paraísos fiscales

La acción popular del caso de la cueva de Chaves pedirá su ingreso en prisión, ya que el empresario minero se libró de la condena de 2 años de cárcel por no tener recursos para pagar la indemnización de 25 millones de euros a la DGA. 

Victorino Alonso, el día del juicio contra él en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca
Victorino Alonso, el día del juicio contra él en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca
Rafael Gobantes

Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón, tuvo sociedades opacas en paraísos fiscales, a pesar de que fue declarado insolvente y esto lo libró de ir a la cárcel por arrasar el yacimiento de la cueva de Chaves, en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca). Su nombre figura entre otros casi 600 españoles en los Papeles de Pandora, algo que no ha extrañado a los abogados que ejercieron la acusación en ese proceso, pues lo vincularon con hasta 21 empresas en España y sospechaban de sus negocios fuera del país.

Según el Consorcio de Periodistas de Investigación que ha desvelado los Papeles de Pandora, en la que participan El País y La Sexta en España, Alonso ya constituyó en septiembre de 1996 la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, una firma que compartía sede con otras empresas del Rey del Carbón en la calle de Don Quijote de Madrid y que siguió activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta 2018. El auto de declaración de insolvencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca data del 27 de septiembre de 2018. 

La nómina de empresas en paraísos fiscales no acaba aquí. De acuerdo con la investigación de los Papeles de Pandora, figuraba vinculado a otra sociedad panameña hasta 2017, con una dirección coincidente con una de sus empresas mineras. La última de las sociedades creada en Panamá data de 2016 y seguía activa en 2017. Neilmar Investments tenía en ese año un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares. 

Esta cantidad coincide con la indemnización a la que fue condenado el 9 de noviembre de 2016. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca lo consideró culpable de un delito contra el patrimonio por arrasar el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves en su finca de caza para construir abrevaderos de cabras. Debía pagársela a la DGA, pero fue declarado insolvente y la responsabilidad civil subsidiaria recayó en Fimbas, sociedad mercantil de la que era administrador único y titular de la finca de casi 2.000 hectáreas. El juez acaba de decretar el embargo de la misma, después de cinco años, para hacer efectiva la sentencia. 

Alonso ni ha pisado la cárcel ni ha pagado un euro por destruir el yacimiento. El juzgado le suspendió la condena al ser insolvente y no tener antecedentes penales en el momento de los hechos, aunque posteriormente ha sido condenado en varias ocasiones por irregularidades en sus negocios mineros en el norte de España. 

A la vista de la revelación de los papeles de Pandona, la asociación de defensa del patrimonio Apudepa, que ejerció la acción popular contra él, va a solicitar la revocación de la suspensión de la pena. A la abogada Pilar Villellas no le han sorprendido sus vínculos con paraísos fiscales. "Era de esperar", ha afirmado. La investigación que llevó a cabo en su día lo vinculó, como accionista mayoritario o administrador, a 21 empresas, entre ellas Cerámicas del Cantábrico, Agrupación Minera del Bierzo, Epmisa, Opelesa. No se pudo demostrar la existencia de intereses en países americanos, pero se sospechaba. "Llegamos hasta donde llegamos", ha señalado .  

La representación de Apudepa invoca el artículo 84 del Código Penal porque cree que ha facilitado información inexacta e insuficiente de su patrimonio de cara al pago de la responsabilidad civil y esto debería obligarle a cumplir la condena de dos años de prisión.

La letrada también ha cuestionado en varias ocasiones el cumplimiento de otra de las condiciones para la suspensión de la pena, como es no haber delinquido. Según el juez, a la fecha de los hechos por los que fue juzgado (2007) carecía de antecedentes, ya que "todas las condenas que figuran en su hoja histórico penal (algunas ya canceladas) son de fecha posterior". Sin embargo, según la abogada de Apudepa, ha sido condenado hasta en cinco ocasiones. La última en mayo de este año. La Audiencia de León lo sentenció a cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente por las actividades de sus empresas mineras, pero el fallo está recurrido.

       

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