plan hidrológico
Un futuro incierto para 130.000 parcelas de huertas y frutales de ribera en Aragón
Regantes y colegios profesionales advierten de que el borrador del Plan Hidrológico condena al abandono a miles de hectáreas de cultivos situadas junto a los ríos aragoneses.
Las limitaciones a las plantaciones de arbolado y otros cultivos junto a las riberas de los ríos aragoneses, impuestas en el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Ebro (PHE) 2021-2027, amenazan la supervivencia de 130.000 parcelas de frutales y huertas y las condenan al abandono, según denuncian organizaciones agrarias, regantes y colegios profesionales en las alegaciones al citado plan. La medida afectaría a campos de toda la Comunidad, desde el río Jalón, al Cinca o el Matarraña.
El proyecto del plan regula las plantaciones en zona de dominio público hidráulico (área de máxima crecida ordinaria) y de policía (100 metros a cada lado del anterior). En la primera se propone desarrollar sotos y arbolado forestal como filtros verdes y se plantea una franja de vegetación autóctona de un mínimo de 5 metros de ancho junto al cauce. El borrador advierte de que no se permitirán nuevas plantaciones de frutales intensivos u hortícolas que conlleven infraestructuras como mallas antigranizo o invernaderos, en zonas de flujo preferente dentro de la zona de policía. En el caso de dominio público no autoriza cultivos que supongan "una potencial obstrucción al desagüe".
"Si queremos hacer plantaciones en esas zonas tendrán que estar exentas de sistemas de protección antigranizo, de heladas… con lo cual se impide de facto que se pueda realizar cualquier actividad productiva", lo mismo con instalaciones de riego, explica el decano del Colegio Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Ángel Jiménez. Junto a este colectivo, firman las alegaciones UAGA, Riegos del Alto Aragón, el Canal Imperial y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Son las cinco instituciones que forman junto a profesionales e investigadores el Partenariado del Agua del Ebro, cuyo objetivo es analizar los problemas con una visión científica.
El colectivo ha realizado un trabajo con una metodología pionera para cuantificar la afección. Según su análisis de impacto, la superficie de parcelas de regadío total o parcialmente incluidas en el dominio público y la zona de policía asciende a 51.769 hectáreas (34.017 ha íntegramente en zona de policía), con un global de 130.000 parcelas afectadas por la normativa de Riegos del Alto Aragón; los canales de Bardenas Imperial, Lodosa, Tauste y Aragón y Cataluña; y los ríos Jalón, Ebro Medio, Gállego, Martín, Alcanadre, Matarraña, Cinca, Huerva, Arba, Queiles, Ginel, Aragón, Ésera y Lopín.
Los promotores de la iniciativa solicitan la eliminación de los dos artículos del Plan Hidrológico, para la prevención de daños por inundaciones y la protección de las aguas superficiales frente a la contaminación difusa, por su afección "desproporcionada y efectividad no comprobada". Dicen que condicionaría los cultivos y las modernizaciones y haría inviable el mantenimiento de una parte importante de los regadíos de ribera de Aragón, con lo que esto supone de pérdida del patrimonio cultural, agrario y biodiversidad. De las 51.759 hectáreas, 28.499 son de regadíos tradicionales.
Supondría, según los alegantes, el abandono de la actividad agraria y la aforestación de cauces que pueden incrementar los riesgos de inundación. "A un propietario que está sacando un rendimiento de su tierra no se le puede decirle qué cultivo debe poner", indica Jiménez, a no ser que haya un cambio normativo o se le indemnice. Cree que los condena al abandono, al limitar las transformaciones de mejora de la productividad, y va en contra de los esfuerzos que se están haciendo por las huertas de ribera.
El Partenariado del Agua pide la retirada de esos artículos para hacer un estudio concreto, "porque han hecho una propuesta sin ver cuáles son las consecuencias". Por eso aporta un análisis de las afecciones. "Aplican un criterio que es igual para el Ebro que para el Manubles o el Jalón. No hay el mismo peligro de riadas en uno y en otro. No vale el café para todos. No decimos que no se haga nada, pero tampoco se puede imponer una prohibición absoluta", indica el decano de los Ingenieros Agrónomos.
La Confederación Hidrográfica es consciente de esta preocupación, pero aclara que el proceso de consulta pública (abierto hasta el 22 de diciembre) se ha hecho con la mayor participación y consiste precisamente en recoger las aportaciones. En este caso se trata de medidas basadas en la protección ante inundaciones.
