Las cuatro comarcas afectadas por la línea de alta tensión Laluenga-Isona hacen piña para denunciar los efectos en el territorio
Representantes de Ribagorza, Cinca Medio, Litera y Somontano se han reunido en Benabarre el día que concluye el plazo para presentar alegaciones.
Coincidiendo con la finalización del plazo para la presentación de alegaciones a la línea de muy alta tensión Laluenga–Isona, los presidentes de las cuatro comarcas afectadas por este proyecto (Somontano, Litera, Cinca Medio y Ribagorza), así como representantes de la mayoría de los doce municipios altoaragoneses por los que pasaría, se han dado cita este viernes en Benabarre para explicar y denunciar públicamente los efectos sobre el territorio de esta LAT que impulsa la empresa Forestalia.
En un acto celebrado en el salón de actos del ayuntamiento benabarrense, los presentes han mostrado su oposición a este tendido eléctrico por las afecciones que tendría, no solo a nivel medioambiental, sino también sobre la población y sobre el desarrollo económico y social de estas zonas, recalcando con ejemplos específicos que este proyecto pone en peligro cientos de explotaciones agrarias y, con ellas, el futuro de muchos pueblos.
Alfredo Sancho, el alcalde anfitrión del encuentro, señalaba que este tendido afectaría, de una manera u otra, a "152 kilómetros de propiedades privadas, fincas, suelos agrícolas, terrenos municipales o forestales" y que, de oeste a este, se extendería por casi todo el ancho de la provincia de Huesca.
En este sentido, Sancho ha recordado que "nuestra provincia soporta ya una enorme carga de infraestructuras energéticas como embalses (que acabaron ya con algunas de sus poblaciones y tierras más fértiles), centrales hidroeléctricas y grandes LAT, factores que han causado gran parte de la despoblación de nuestros territorios, envejecimiento poblacional y la pérdida de posibilidades para los habitantes del medio rural".
Así mismo, ha dejado patente que todas por las entidades locales por las que discurriría esta línea tienen entre sus principales objetivos la lucha contra la despoblación. "La vivienda –ha recalcado en su intervención- es un elemento clave para frenar la pérdida demográfica, pero las nuevas construcciones se verán condicionadas por las servidumbres derivadas de la línea, por lo que se complicará aún más la atracción de nuevos residentes" en un contexto en el que, entiende, "el mundo rural no puede competir con las grandes ciudades en servicios, pero sí ofreciendo un atractivo distinto: calidad de vida y medio ambiente", que se vería mermado con esta línea de muy alta tensión.
Un argumento en el que ha incidido especialmente Alfredo Pociello, alcalde de Viacamp y Litera, cuyo término municipal quedaría partido en dos si el proyecto sale adelante, afectando de una manera "demoledora" la exitosa apuesta de potenciación turística y económica que se está desarrollando en estas tierras en los últimos años en torno al espacio natural del Montsec y las pasarelas de Montfalcó. "El paisaje es uno de los principales valores para que nuevos residentes elijan vivir aquí", comentaba Pociello, subrayando la pérdida de valor que genera una infraestructura de estas características en los territorios agrícolas, ganaderos y residenciales por los que atraviesa y abundando en que, en el actual contexto de crisis climática, este proyecto de muy alta tensión "es más preocupante aún, pues incrementa el riesgo de incendios".
La línea pasaría a escasos 200 metros del casco urbano de Viacamp, y a bastantes menos de un proyecto de construcción de nuevas viviendas que está sacando adelante el municipio y, teme el alcalde, "haría inviable vivir aquí, lo que prácticamente supondría la desaparición del municipio". Todo ello por no hablar de la "gravísima" afección medioambiental en una zona de enorme valor ecológico, faunístico –tiene varias figuras de protección que se verían conculcadas- y paisajístico.
Por su parte, la alcaldesa de Laluenga, Cristina Juárez, ha recalcado que los afectados no han recibido ningún tipo de notificación de la empresa promotora. Es más, "tampoco ha hecho notificación alguna a las plataformas, asociaciones y entidades del territorio que tienen entre sus fines la defensa del medioambiente", y ha añadido que la tramitación "se ha hecho de forma absolutamente irregular y contraria a la voluntad y el derecho de las personas, entidades y administraciones que de forma directa o indirecta verían alterado su día a día por este proyecto".
Un proyecto que, a su juicio, debido a su tamaño (incluye 6 centrales eólicas, 3 subestaciones eléctricas SET y 2 grandes líneas eléctricas de alta tensión), "debería someterse a una evaluación ambiental estratégica, con fase de consultas previas, algo que no se ha hecho. Al contrario, casi se nos impone, con un trazado cerrado, solicitando directamente una Declaración de Impacto Ambiental, que por todo lo que ya hemos dicho debería ser desfavorable, y Autorización Administrativa Previa".
Ha resaltado igualmente la "incoherencia" que supone que este proyecto vaya a afectar en su municipio a una extensa zona de regadío modernizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) al ser declarada de Interés General.
Cerrando la intervención, Alfredo Sancho ha denunciado la indefensión jurídica de los afectados y ha pedido que el procedimiento administrativo de alegaciones, que concluye hoy, "sea considerado como fraudulento y nulo de pleno derecho". "Necesitamos más información y tiempo para estudiar toda la documentación, por lo que es necesaria una prórroga en el plazo para la presentación de alegaciones", entiende el alcalde de Benabarre.
El proyecto de construcción de los parques Omega, Kappa, Órbita, Ómicron, Lambda e Itota, de 49,5 MW cada uno, ha continuado, "es desproporcionado y socialmente injusto, además de insostenible para un territorio como el Alto Aragón: deja solo impactos negativos en la provincia y los presuntos beneficios se van a una de las zonas urbanas e industriales más desarrolladas de Europa mediante su conexión con la LAAT Sentmenat-Sallente".
Promovido por Forestalia, el proyecto atravesaría los municipios de Laluenga, Berbegal, Ilche, Castejón del Puente, Monzón, Almunia de San Juan, Azanuy-Alins, Peralta de Calasanz, Benabarre, Tolva, Viacamp y Litera y Puente Montañana, en la provincia de Huesca; y los términos municipales de Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca e Isona y Conca Della en la provincia de Lérida.
Cabe recordar que la Diputación de Huesca ha pedido también al Gobierno de España que no autorice este tendido eléctrico. La institución provincial se siente afectada directamente como titular del parque de bomberos de Benabarre, ya que pasaría a escasos 160 metros de estas instalaciones en las que trabajan 15 profesionales pertenecientes al SPEIS y que sirve también de base puntual para el Greim de la Guardia Civil, en sus tareas de rescates, y para los medios personales de la empresa pública Sarga, para emergencias de incendios forestales. "Dado que se encuentra operativo las 24 horas al día, sirve de lugar de vida y pernocta de los bomberos, que sufrirían los efectos desfavorables de la construcción de una línea tan próxima", señala la alegación de la DPH que recuerda que el parque cuenta, así mismo, con un helipuerto que quedaría cercado con la línea proyectada.
El escrito de alegaciones considera que cada vez hay menos dudas en el mundo científico sobre la contaminación y la afección a la salud por la exposición a campos electromagnéticos, por lo que parece razonable aplicar el principio de precaución. Argumento éste que es uno de los utilizados por la Plataforma Unitaria Contra el Tendido Eléctrico.
