Espacios covid en las comarcas frutícolas: pabellones, vestuarios o viviendas municipales

Aragón vacunará a finales de la próxima semana a los trabajadores de la fruta, una noticia que se ha recibido con alivio en las comarcas afectadas, donde ya tienen listos los equipamientos necesarios para el caso de que se produzcan contagios y sea necesario realizar aislamientos. Unos municipios optan por pabellones y otros por viviendas municipales, equipamientos de campos de fútbol o centros de día.

En la del Bajo Cinca, se prevé una campaña atípica, con menos producción y por lo tanto, menor necesidad de mano de obra, después de que las heladas del pasado mes de marzo acabaran con la mitad de la cosecha, especialmente en municipios como Belver, Osso de Cinca, Zaidín o Fraga. Allí, de momento, la presencia de temporeros es escasa, a la espera de ver qué ocurrirá en las próximas semanas, ya que se desconoce si algunas cuadrillas llegarán igualmente en busca de trabajo.

De una u otra forma, los municipios están preparados para hacer frente a la llegada de los temporeros e intervenir si apareciese alguna eventualidad importante. Al igual que el pasado año, todas las localidades tienen elegidos los equipamientos que habilitarían como espacio covid si fuera detectado algún brote entre temporeros que carecieran en sus viviendas o fincas de trabajo de un lugar propicio para su aislamiento.

Los municipios que suelen recibir a un mayor número de trabajadores contemplan la puesta en uso de sus pabellones municipales como es el caso de Fraga, Zaidín o Belver. Mequinenza también podría habilitar el suyo, aunque cuenta además con una segunda opción, una vivienda municipal, que tiene capacidad para entre ocho y diez personas y que consideran que podría resultar suficiente.

Aquí ya ha comenzado la recogida de la cereza temprana y a diferencia de lo sucedido en la zona norte, las heladas han provocado una merma menor, lo que ha permitido mantener gran parte de las contrataciones. No obstante, la mayoría de la producción está en manos de grandes fincas que proporcionan alojamiento a sus jornaleros y que cuentan con recursos para aislar contagios si llegara el caso, según explican desde el consistorio.

Además de tener elegidos los espacios, las localidades también cuentan con el mobiliario necesario así como con un primer protocolo de actuación. Su puesta en uso podría tener lugar de forma más o menos inmediata. Ahora bien, mientras no sea necesario, los espacios mantienen su actividad normal. De hecho, el pasado año solo llegó a abrirse el espacio covid de Fraga, que se instaló en el pabellón Cortes de Aragón, de amplias dimensiones y muy próximo al centro de salud. La experiencia del pasado año resultó positiva y a priori, sería el lugar elegido si fuera necesaria su activación, que, tal y como recuerdan desde el consistorio, debe ser ordenada por Salud Pública. El consistorio se hizo cargo de todos los gastos derivados de su puesta en marcha y la DGA aportó el personal médico.

En Albalate de Cinca, en la comarca del Cinca Medio, el Ayuntamiento también tiene preparados los vestuarios del campo de fútbol, donde hay cinco camas, por si fuera necesario realizar un aislamiento. Este espacio ya se habilitó el año pasado, pero finalmente, la necesidad de confinar a 29 personas obligó a disponer de un lugar más grande y se eligió el polideportivo.

La imagen de los 29 temporeros contagiados saliendo del asentamiento ilegal de Albalate de Cinca donde vivían camino del polideportivo, habilitado en pocas horas como espacio covid para su aislamiento, fue una de las más ilustrativas del drama sufrido por las comarcas frutícolas de Aragón en el verano del 2020. Evidenció además las deficientes condiciones de vida de muchos inmigrantes que acuden a la provincia de Huesca en busca de trabajo. Incluso se pidió ayuda al Ejército, que se desplegó para afrontar el brote surgido en el edificio, un almacén reconvertido en vivienda hace más de 20 años sin condiciones de higiene, salubridad y seguridad.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Comarca y otras entidades sociales como Cáritas, ha trabajado para acabar con este asentamiento ilegal. Desde hace unos días, ya se han trasladado a una vivienda, en el marco de un proyecto tutelado por Cáritas para que se integren y regularicen su situación.

Durante una de las últimas reuniones entre alcaldes de la zona del Bajo Cinca y representantes de la DGA, los responsables municipales dijeron estar dispuestos a habilitar los equipamientos necesarios, pero, de llegar el caso, consideraron que la administración autonómica debería implicarse en su coste económico y además, concretar un mando único o comisión de coordinación que ofrezca soluciones a las dificultades que se puedan presentar en los diferentes municipios.