Las claves de una entrega ‘pacífica’ de los bienes gestada el 14-F
El precedente de Sijena, con la Guardia Civil en el museo y el juicio a dos exconsejeros, ha pesado en la decisión de Lérida de no mantener esta vez una oposición frontal.
Mientras los catalanes votaban en las elecciones autonómicas del 14 de febrero, el obispo de Lérida, la consejera catalana de Cultura y el resto de instituciones de la ciudad pactaban, en una sesión extraordinaria del Consorcio del Museo, la primera entrega de los bienes a Aragón, que se materializaría al día siguiente y a la que seguirían otras tres hasta el 10 de marzo. Faltaban 24 horas para el vencimiento del plazo dado por el juez y el prelado ilerdense, Salvador Giménez, dejó claro al resto de patronos que él no iba a desobedecer una orden judicial ni a arriesgarse a sanciones económicas y penales. Lo que pasó en esa reunión es clave para entender por qué esta vez Lérida se ha allanado a devolver las obras de arte de las parroquias, a diferencia de lo ocurrido hace tres años con las del monasterio de Sijena, cuando hubo que ir a buscarlas con la Guardia Civil.
La cronología de esta entrega ‘pacífica’, aunque a plazos, que hoy culmina, se remonta a antes del domingo electoral. El 23 de enero, los 51 miembros de los consejos consultivos de la diócesis acataron la decisión judicial, y el 8 de febrero el obispo lo comunicó en una carta a la consejera y presidenta del consorcio, la leridana Ángels Ponsa. Le dejó claro dos cosas: "se debe proceder a su cumplimiento" y de estar las obras en el obispado y no en el museo, "la entrega habría sido más fácil".
Días después, Ponsa justificó ante los periodistas que Giménez "las quería devolver", y contra esto nada podía hacer, revelando cierta tensión que motivó incluso un comunicado aclaratorio de la diócesis.
Aunque Lérida haya superado en 24 días el plazo máximo dado por el juez para la entrega voluntaria, han transcurrido menos de tres meses desde la orden de ejecución provisional, un tiempo mínimo teniendo en cuenta los dos años y medio que hubo que esperar en Sijena para que se acatara.
El letrado Jorge Español, conocedor de ambos procesos, tiene clara la razón principal: las consecuencias penales para Giménez y Ponsa, a la vista de lo ocurrido al exconsejero Santi Vila, que se sentará en el banquillo por desobediencia y ha tenido que presentar las escrituras de su casa como fianza. Para el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que en el caso de Barbastro actúa como colaborador del obispado aragonés, no hay duda de que Giménez "les ha amenazado con que si no devolvían las 111 piezas, se iría del consorcio y se llevaría las 1.810 que la diócesis depositó en el museo".
En el juicio, el prelado reveló una recomendación en este sentido de la secretaría de Estado vaticana, recomendación que, viniendo de esa instancia, Jorge Español interpreta como "una orden". Además, añade, "es de sentido común que no quiera acabar en el banquillo por un delito de desobediencia a la autoridad judicial". Y es que la sentencia obligaba a devolver las obras de forma solidaria al obispo y a la consejera, y de no hacerlo la responsabilidad sería de ambos. Ángels Ponsa no ha ocultado estos días los motivos: los bienes se devuelven "con un disgusto profundo" pero sin alternativa por las "amenazas penales y económicas".
No obstante, más allá de la amenaza penal, está el "desgaste" que supuso ejecutar la sentencia de Sijena, "para todos, catalanes y aragoneses", con la imagen de la Guardia Civil en el museo y disturbios en la calle, señalan otros letrados conocedores de ambos procesos. Con esa experiencia tan reciente es lógico pensar que no se haya querido revivir la noche de tensión del 11 de diciembre de 2017. "Sin duda ha pesado el precedente de Sijena, tanto por lo ocurrido en el museo como por la derivada penal", comentaron las mismas fuentes, que creen que la actual consejera tendrá en mente la fotografía de su antecesor Santi Vila llevando al juzgado las escrituras de su casa como fianza.
