Los empresarios de la fruta notificarán el domicilio de los temporeros para facilitar su control sanitario
Las organizaciones agrarias dicen, tras reunirse con Olona, que la llegada de trabajadores sin contrato ni alojamiento "es un problema de las autoridades de inmigración y de orden público, no de los empresarios",
Los empresarios agrícolas de Aragón estarán obligados a notificar el domicilio de los temporeros contratados para la campaña de la fruta, con el objetivo de que, en caso de un brote de covid, se pueda realizar el seguimiento sanitario de los contagios, una cuestión que planteó numerosas dificultades el pasado verano.
Así se lo comunicó el miércoles el Gobierno de Aragón a las organizaciones agrarias, con las que mantuvo un encuentro para planificar la próxima campaña. Los consejeros de Sanidad, Economía y Agricultura se reunieron el martes con los presidentes de las comarcas frutícolas aragonesas y un día después este último explicó el contenido de la orden que se publicará próximamente a los representantes de UAGA, Asaja, UPA, Araga y las cooperativas.
La normativa obliga a los empleadores a presentar una previsión de contratación a través de una declaración responsable, así como a comprometerse a velar por las adecuadas condiciones de alojamiento y transporte de sus trabajadores, mientras estos deben portar una declaración para poder desplazarse proporcionada por el empresario, como en el resto de actividades.
El secretario regional de Asaja, Ángel Samper, comentó al término del encuentro con Joaquín Olona que los empresarios mostraron su buena disposición a notificar la dirección de sus trabajadores, de forma que se pueda realizar un seguimiento en caso de un brote, ya que el año pasado, con las comarcas frutícolas en el origen de la segunda ola de coronavirus, fue muy difícil localizar a los contactos de algunos infectados. "Estamos todos de acuerdo e intentamos apoyar a la administración para buscar soluciones". Sin embargo, matizó, "no podemos ir más allá, no podemos entrar en otras responsabilidades porque invadiríamos su intimidad", en referencia, por ejemplo, a la imposibilidad de verificar el domicilio.
La cuestión más espinosa, no obstante, es la llegada de temporeros sin contrato ni alojamiento. "Este es un problema de las autoridades de inmigración y de orden público, no de los empresarios", constató Samper.
El consejero de Agricultura ha insistido en evitar los llamamientos de temporeros que luego no van a tener trabajo, como ocurrió en el 2020, cuando Fraga hubo de habilitar un albergue para sacar de la calle a personas sintecho.
Samper negó el efecto llamada de las bolsas de trabajo de los sindicatos, creadas porque el cierre de fronteras limitó la llegada de inmigrantes para realizar tareas agrícolas. "Muy pocas de las inscripciones en las bolsas se materializaron en contratos. La inmigración en la calle no vino de aquí". El representante de Asaja insistió en defender al sector, "que mayoritariamente hace bien las cosas".
Por su parte. Óscar Moret, de UAGA, rechazó la responsabilidad de los empleadores en la inmigración ilegal y "en lo que hagan los trabajadores cuando salgan de las fincas". Valoró positivamente la reunión con Olona, "porque ya era hora de que se escuchara al sector", pero pidió mantener también encuentros con las consejerías de Sanidad y Trabajo, igualmente implicadas en la campaña frutícola.
