La DGA y las comarcas frutícolas quieren frenar la llegada de temporeros sin contrato para evitar otra ola
Piden la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que la orden que se dicte, previsiblemente la próxima semana, sea efectiva.
Las comarcas frutícolas respaldan la estrategia del Gobierno de Aragón de anticiparse a la campaña de temporeros a través de una orden que frene la llegada de trabajadores sin contrato ni alojamiento, ya que esto supone un riesgo de cara a una nueva ola de contagios, como la del pasado verano.
Los consejeros de Sanidad, Economía y Agricultura mantuvieron una reunión este martes de más de tres horas con los representantes del Bajo Cinca, Cinca Medio, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, La Litera, Valdejalón y Comunidad de Calatayud para coordinar la próxima campaña. Los miembros del Ejecutivo les explicaron la orden que se publicará previsiblemente la próxima semana y que obliga a los empleadores a presentar una previsión de contratación y a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores, ante la situación excepcional de pandemia; y a los temporeros a llevar una declaración responsable para desplazarse, otorgada por el empleador, "como en el resto de actividades económicas cuando se producen situaciones de confinamiento perimetral", precisó la DGA.
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, dijo que hay que evitar "lo que sucedió el año pasado, dado que todavía estamos en febrero", y reiteró la idea de que no deben llegar más personas que aquellas "a las que se les puede dar trabajo, con un contrato y un alojamiento".
Esta es la principal preocupación. "La DGA no quiere que haya llamamientos que animen a la gente a ir a esos municipios sin tener un trabajo, hay que controlar que los que vengan lo hagan con contrato", comentó Marzo Ibarz, presidente de la Comarca del Bajo Cinca, que el año pasado sufrió muy duramente los rebrotes. Los representantes de todas las administraciones coincidieron en contar con apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado para que la orden sea efectiva.
La clave está en la anticipación y en intentar ser "más rigurosos", en palabras del presidente de la Comarca de Calatayud, Ramón Duce, "con la experiencia que tenemos y la posibilidad esta vez de hacerlo con tiempo".
Preocupan los alojamientos, ya que en 2020 fueron las entidades locales las que albergaron a trabajadores sin techo. "Todas las actividades empresariales están ahora muy controladas, y la fruta no debe ser menos, pero cuando el trabajador sale de la finca se pierde la pista", admitió Duce. En su comarca, las explotaciones son más pequeñas y la mano de obra está en el territorio, y más con la crisis del sector turístico, con los balnearios cerrados.
El del Bajo Aragón-Caspe, Joaquín Llop, incidió en que "son los empresarios los que tienen que cumplir, en el alojamiento y el transporte". "Debemos ser estrictos y extremar las precauciones para no vivir otra ola", apostilló Marta Gimeno, presidenta de la Comarca de Valdejalón.
Tras la reunión con las comarcas se ha citado para este miércoles a las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, UPA y Araga) y a las cooperativas. Estas transmitirán al Gobierno de Aragón la dificultad para controlar "lo que haga el trabajador fuera de las fincas, ya que no le podemos obligar a vivir en un sitio", en palabras de Óscar Moret, de UAGA. "Colaboraremos porque es importante, cuando surge un problema de salud, saber dónde están, tenerlos localizarlos, pero no queremos que sea una obligación legal", precisó. La orden exige a los contratadores proporcionar transporte y alojamiento, y a los temporeros, desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y a un domicilio, pero "la gente sin contrato, que es el mayor problema, se va a mover igual", opina el responsable de UAGA.
