La Caja de Solidaridad creada para pagar los gastos judiciales de los líderes independentistas ha anunciado su negativa a hacerse cargo de los 216.000 euros de  fianza del 'exconseller' de Cultura de la Generalitat Santi Vila, procesado en un juzgado de Huesca por un delito de desobediencia al no devolver las obras de arte al monasterio de Sijena. La presidenta de la Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad, Núria de Gispert, y el vicepresidente, Ernest Benach, han afirmado que es responsabilidad suya, dada su negativa a cumplir la orden de devolución de las 44 piezas retenidas en el Museo de Lérida, según informa el periódico La Vanguardia. 

"Podemos confirmar que no se abonará la reclamación de Santi Vila a cuenta de la Caja", escribió la entidad en su cuenta de Twitter, una negativa que generó en la misma red una encendida polémica, ya que algunos comentaban "por qué a unos sí y a otros no", cuando "actuó en interés de los catalanes", en alusión a su negativa a permitir el retorno de las obra de arte a Aragón. 

Más tarde, la Caja justificó que valoró el caso y "aunque había razones a favor relativas a los hechos juzgados, hay otras en contra, relativas a la actuación global de Santi Vila", lo que ha conllevado el rechazo a todas sus peticiones para ayudarle en la defensa en este juicio. Cabe recordar que dimitió un día antes de proclamar la República catalana y se ha desmarcado de la corriente dura del independentismo.   

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Esta negativa contrasta con el respaldo dado a Lluís Puig, sucesor de Vila en el cargo y contra el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca también ha dictado apertura de juicio oral. Puig, fugado a Bélgica con Carles Puigdemont, consignó los 88.000 euros reclamados de fianza el pasado 15 de enero. El ingreso lo hizo en su nombre la Caja de Solidaridad.

En una entrevista concedida a RAC1, Santi Vila consideró que "se tendría que hacer cargo la Generalitat". Él habló con la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, y explicó que el departamento "no sabe como hacerlo". "Tenían un seguro de responsabilidad civil que está fallando más que una escopeta de feria". 

El 'exconseller' está teniendo problemas para reunir la fianza. Su abogado acaba de solicitar al juzgado una prórroga de un mes para poder consignar los 216.000 euros, una cantidad que cubriría las multas a las que se enfrentan, los gastos del Gobierno de Aragón derivados del traslado de las piezas y las costas judiciales. La acusación particular, ejercida por el abogado Jorge Español, en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ya ha solicitado al juzgado el embargo de sus bienes para garantizar la fianza.  

Los hechos por los que serán juzgados Vila y Puig tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.

Los depositados en el Museo de Arte de Cataluña fueron devueltos voluntariamente, pero los 44 retenidos en el Diocesano de Lérida solo salieron cuando fueron a buscarlos técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil, después de que el juzgado intentara ejecutar la sentencia en varias ocasiones, encontrándose con que la Generalitat no obedecía las ordenes de entrega.

Posteriormente, y para intentar retenerlas, según la acusación, Vila dictó una orden por la que no autorizaba la disgregación de las obras que quedaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes a Sijena. Este hecho le ha supuesto que, además del delito de desobediencia del que también se acusa a Puig, con una pena de 11 meses de multa a razón de 300 euros diarios (99.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años, a él se le atribuya otro de usurpación de atribuciones judiciales, con una pena de 11 meses de prisión y multa de siete meses a razón de 300 euros diarios (63.000 euros). 

Vila es director general de la compañía Aigües de Banyoles, dedicada a la captación de agua del estanque, su tratamiento y la distribución en Bañolas y el entorno. Fue alcalde de Figueras y desde 2012 consejero de la Generalitat, primero de Territorio y Sostenibilidad, luego de Cultura y finalmente de Empresa y Conocimiento. Dimitió de este puesto un día antes de que el Parlament declarara la República catalana.