en el centro de animales de la dph
Una factura de 6.500 euros al mes para mantener a 23 perros decomisados en Ibieca
Un juez retiró la custodia a su dueño y ordenó depositarlos en la perrera de la Diputación, donde llevan 4 meses. El centro se ha visto desbordado y ha tenido que adoptar medidas extraordinarias.
La estancia de 23 perros decomisados en la localidad de Ibieca, que fueron trasladados por orden judicial al Centro de Recogida de Animales de la Diputación de Huesca, está suponiendo un quebranto económico a esta institución, que ya ha gastado 19.570 euros en su cuidado, manutención y atención sanitaria. Pero la factura no para de crecer y suma cada mes otros 6.500 euros, a la espera de que el caso se cierre y se tome una decisión definitiva sobre su destino. De momento no pueden ser dados en adopción sin permiso del dueño al estar intervenidos. Crece el coste y también el número de animales (eran 17, pero han criado), hasta el punto de desbordar la capacidad de la perrera provincial.
Los canes fueron decomisados el pasado verano tras una denuncia de la Fiscalía contra su propietario por presunto maltrato y por el peligro que representaban para los vecinos al andar sueltos por la calle. Según la misma, estaban "sin identificar, sin control sanitario y sin una alimentación adecuada". Además, "la falta de control sobre los mismos suponía un peligro para los propios animales y para los habitantes de Ibieca".
El Juzgado número 3 de Huesca autorizó las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, consistentes en el decomiso e intervención de los perros al denunciado, así como la retirada provisional de su tenencia, guarda y custodia. El 22 de agosto, ordenó ejecutar la orden al Seprona de la Guardia Civil y a los servicios de Protección y Bienestar Animal del Gobierno de Aragón, e instó a la Diputación Provincial a auxiliarles en la recogida.
Primero nombró como depositario judicial a la DGA pero, al carecer de una perrera, en octubre otorgó esta condición a la Diputación, que tiene unas instalaciones en la carretera de Fornillos, en Huesca, donde presta servicio de recogida para los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración, en los casos de perros vagabundos o de aquellos entregados voluntariamente por sus dueños.
Sin embargo, el elevado número de animales decomisados desbordó el centro, con capacidad para 49, gestionado por una empresa que tuvo que adoptar medidas extraordinarias. Hasta el 15 de diciembre pasado, los gastos habían ascendido a 19.570 euros.
La Diputación Provincial reconoce en un informe que se ha visto "obligada" a la guarda y custodia de los 23 canes porque las circunstancias requerían una "actuación inmediata", pero que ha supuesto "un grave trastorno" para el funcionamiento del servicio. Al superar la capacidad ha habido que recurrir a las externalizaciones fuera de la perrera provincial, con un coste diario de 8 euros por perro. Los servicios jurídicos recomendaron que los de Ibieca, al estar bajo intervención judicialmente, se quedaran en el centro y una parte de los que ya había allí salieran a otras instalaciones.
No pueden ser dados en adopción
Al mismo tiempo, se han acelerado las adopciones (cada año salen de aquí más de 350, muchos al extranjero), en colaboración con la adjudicataria del servicio y las asociaciones protectoras, para dejar espacio libre. Está previsto construir unas nuevas instalaciones en el barrio rural de Cuarte, pero todavía no han empezado las obras.
Curiosamente, los canes decomisados en Ibieca no pueden ser dados en adopción al ser objeto de un procedimiento judicial. El juzgado ha instado al propietario a cederlos, pero de momento no se conoce que haya dado permiso, y sin su autorización no se puede hacer.
El caso sigue en fase de instrucción. Se prevé la práctica de pruebas el próximo 21 de enero. El abogado del dueño ha justificado que no sean entregados en adopción "porque él los quiere", y afirma que hasta en dos ocasiones ha hecho gestionar para poder recuperarlos.
