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El alcalde de Sallent impulsa una recalificación para construir 166 pisos y un gran aparcamiento

Gericó firmó el convenio en mayo con Enel para urbanizar 2 hectáreas junto a la hidroeléctrica. Su antecesor del PSOE le acusa de "tolerar la especulación" y favorecer a la empresa al vence la concesión en 6 años.

El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), impulsa una recalificación urbanística para 166 viviendas y un gran aparcamiento público en los suelos colindantes a la central hidroeléctrica. El convenio lo firmó con la propiedad de los terrenos, Enel, en mayo y pretende ahora aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que ha generado duras críticas de su antecesor socialista, José Luis Sánchez, que le acusa de "tolerar la especulación". 

La operación afecta a algo más de dos hectáreas de suelo, ubicado en el denominado Poblado de Sallent, a orillas del río Aguas Limpias y junto a la carretera de acceso al municipio desde la A-136. La operación pasa por urbanizar 22.597 metros cuadrados ocupados por instalaciones abandonadas vinculadas a la central, que se demolerán para construir bloques de tres alturas más ático. De las 166 viviendas, el 10% serán protegidas y otro 10% del aprovechamiento se cederá al municipio, como obliga la normativa vigente. La densidad prevista, 75 viviendas por hectárea, podría resultar un problema para su aprobación definitiva, que dependerá de la DGA.

Jesús Gericó ha convocado este jueves por la tarde a los vecinos para defender la recalificación, ya que entiende que solventará una zona "degradada" del municipio, facilitará el acceso a vivienda a precio "asequible" para jóvenes parejas y permitirá, además, contar con un aparcamiento público y soterrar la línea de alta tensión que sobrevuela este ámbito. Los futuros vecinos tendrán que convivir con la central y la subestación eléctrica, ya que seguirá en explotación por parte de Acciona, que llegó en su día a un acuerdo con Enel, propietaria de los terrenos que ahora se urbanizarán. 

El alcalde señala que tiene mayoría absoluta para aprobar inicialmente la modificación del PGOU, aunque incidió en que cada paso en la negociación del convenio pasó previamente por comisión y ahora pretende ver "cómo responden los vecinos". A su juicio, el acuerdo beneficia a la localidad con las cargas impuestas a Enel, que supondrán 2,3 millones para el pueblo. "Llevamos dos años, se ha debatido por activa y por pasiva y cuento con el consenso de la corporación. Nadie se puede llevar una sorpresa", ha dicho.

Gericó argumenta que si algún día se pretende peatonalizar la plaza y atender las puntas de actividad, como la temporada de esquí y Pirineos Sur, hace falta un aparcamiento público. Y el convenio establece la construcción de uno de dos plantas con capacidad para 200 coches. El documento también alude a la integración del Poblado de Sallent y al incremento de suelo para uso público como objetivos de la recalificación.

Su intención es cerrar los trámites antes de fin de año, aunque antes deberá resolver las alegaciones de Acciona tras haber rechazado las registradas por el alcalde y teniente de alcalde entre 1995 y 2007, los socialistas José Luis Sánchez y Pascual Royo. "Las presentaron fuera de plazo y respecto a Acciona, plantea unas expectativas urbanísticas que no le corresponden como explotador de la central", argumenta.

El convenio firmado libera a Enel de tener que acometer las compensaciones impuestas, tanto el parquin como el soterramiento, con antelación al desarrollo de los suelos, lo que permitirá a la compañía vender de antemano y traspasar las obligaciones. "Es una barbaridad y un escándalo que el alcalde lo acepte en un convenio, ya que nos quedamos sin garantías y con un ‘empandullo’", sostiene su predecesor socialista.

Sánchez tilda la operación de "especulativa" y lamenta que suponga el cierre del "círculo de explotación de la montaña" de la central hidroeléctrica. En este sentido, se pregunta qué interés mueve a Gericó cuando los derechos de Enel caducan por ley en seis años y pasarán al Estado.

El alcalde popular niega la mayor al sostener que uno de los saltos de la central, el de Escarra, expira en 30 años. "El que me acusa de abusos urbanísticos imponía sus decisiones y modificó el Plan General atendiendo las alegaciones de sus amigos. Yo llevo gobernando ocho años en minoría y ahora con absoluta no quiero imponer, sino exponer", dice antes de indicar que esta operación está desligada de las planificadas junto a Formigal, cuyo desarrollo quiere concertar con Aramón.

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