El proceso que realizó el Ayuntamiento de Jaca en el año 2017 para remunicipalizar la escuela de verano, que había sido externalizada en el anterior mandato, fue nulo. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ratificando el fallo inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca tras una recurso de la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, la sentencia no tendrá consecuencias porque el Consistorio repitió el proceso el año pasado y consiguió regularizar el modelo de gestión pública de este servicio que ofrece actividades lúdicas para niños de entre 3 y 16 años los meses de julio y agosto.

El alcalde, Juan Manuel Ramón, reconoce que en el primer intento de remunicipalizar la escuela de verano "no se hicieron bien las cosas por una cuestión técnica". Y es que se modificó la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento pero no la plantilla municipal ni se habilitó antes crédito presupuestario, como exigía la ley. "No obstante, en 2018 se hicieron las cosas bien y no fue recurrido, por lo tanto la escuela de verano va a seguir funcionando igual", recalca.

La gestión de la escuela fue adjudicada en 2015 a la empresa externa Ebone para desarrollar diversos programas de actividades –acuáticas, socorrismo, hielo, deportivas, fitness, fitness acuático y escuela polideportiva de verano- durante un período de dos años. Sin embargo, en marzo de 2017 el Ayuntamiento propuso volver a asumir de forma directa el servicio. El pleno dio el visto bueno con los votos favorables de PSOE, Aragón Sí Puede y Cambiar Jaca, la abstención de CHA y PAR, y el rechazo del PP.

La Alcaldía convocó un concurso-oposición para la provisión de 15 plazas de monitores deportivos, de carácter laboral temporal a tiempo parcial, para los meses de julio y agosto de 2017, y la creación de una bolsa de empleo. Y en junio aprobó una modificación presupuestaria de 56.896 euros para cubrir el importe.

Sin embargo, la Subdelegación presentó una demanda que estimó el Juzgado de lo Contencioso porque el ayuntamiento no justificó debidamente la asunción del servicio de nuevo y porque cambió la relación de puestos de trabajo sin haber modificado antes la plantilla y sin haber habilitado un crédito presupuestario.

El Consistorio volvió a alegar argumentando, entre otros motivos, que la gestión directa salía más barata y que el crédito aprobado no implicaba aumentar la cuantía del presupuesto. Pero el TSJA desestimó el recurso y le condenó a pagar las costas.