La reversión al Estado de la central hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta, hasta ahora en manos de Endesa, también acabará en los tribunales, como ha ocurrido con otros saltos del Pirineo en los que han caducado las concesiones. En este caso, será la Diputación de Huesca, en nombre propio, además de en el de los ayuntamientos afectados (Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan), la que interponga un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El motivo no es el desacuerdo con la reversión, que se ha apoyado desde el principio, sino el hecho de no reconocer ningún derecho a favor de los municipios, pese a que parte de los tendidos eléctricos, los canales o las tuberías discurren por monte público de titularidad municipal. Se acepta que la unidad funcional del salto hidroeléctrico exija la devolución de todas las instalaciones al Estado, pero sin renunciar a fórmulas de colaboración entre administraciones, a una participación en la gestión de la central. Esta reivindicación se vincula con el derecho a la restitución territorial de los municipios afectados por obras hidráulicas.  

El Ministerio comunicó la semana pasada a los ayuntamientos la reversión del salto de Lafortunda-Cinqueta, uno de los más importantes del Pirineo, con un valor de producción de entre 4 y 5 millones de euros al año. Deja la explotación en manos de la CHE mientras se tramita un concurso público y rechaza las alegaciones de Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan de participar en la gestión. Según la resolución, se extingue el derecho de la concesionaria (Endesa), pero el aprovechamiento hidráulico sigue, lo que permite "la ocupación de cualquier dominio público, sea estatal, autonómico o local". 

Pese a todo, los ayuntamientos del Pirineo no se resignan a ver cómo la caducidad de algunos aprovechamientos en los ríos solo revierte en beneficio de la Administración General del Estado, cuando  parte de las instalaciones se asientan en sus terrenos. Ya recurrió el de Bielsa, a raíz de la reversión de los saltos de Urdiceto y Barrosa. Además, el Ayuntamiento de Panticosa, con el respaldo también de los servicios jurídicos de la Diputación de Huesca, tiene presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el primer salto del Pirineo que pasó al Estado, el de El Pueyo de Jaca. En este caso la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y ahora se está pendiente del pronunciamiento del alto tribunal, que sin duda marcará la línea a seguir.

El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, manifestó que las entidades locales están dispuestas a seguir dando la batalla. "Nos correspondería, como poco, la tasa de ocupación del monte", afirmó. "De una manera o de otra, exigimos que las servidumbres por la afección que causan los canales, las líneas eléctricas y las centrales, y las consecuencias del cese de actividad al no disponer de ese agua en los ríos, se nos compense. Uno no puede ser el hermano rico que se lleva el beneficio y otro el hermano pobre, que se come todos los perjuicios", dijo Noguero.