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Huesca

La defensa del exalcalde Javier Mur niega ánimo de lucro en los pagos a los vecinos

Tanto la acusación popular como el Ministerio Público piden 5 años de cárcel para Mur.

Javier Mur –izquierda– con su abogado, antes de entrar a la sala de vistas.
Javier Mur –izquierda– con su abogado, antes de entrar a la sala de vistas.
Rafael Gobantes

El fiscal y la acusación popular mantuvieron los cargos contra el exalcalde de Santaliestra Javier Mur, al que solicitan 5 años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En la Audiencia de Huesca, concluyó ayer el juicio contra él por haber utilizado 96.833 euros de una subvención de la Diputación, en 2006, para liquidar seis créditos de vecinos, entre ellos el de su padre, contraídos por los pleitos contra el embalse que se proyectaba en el municipio.

El abogado de los querellantes, otro grupo de vecinos a los que no se compensó por los mismos gastos, alegó que nunca hubo un acuerdo plenario para avalar tal decisión ni se ha demostrado documentalmente que tuvieran intención de devolver el dinero. El Ayuntamiento no los reclamó hasta el 2016, y ahora ya los ha cobrado. En opinión del representante de la acusación popular, José Luis López Castillo, ha quedado probado el uso de fondos públicos para amortizar deudas privadas, cuando el Ayuntamiento tenía un agujero en sus arcas de 350.000 euros. Un perito del Gobierno de Aragón declaró ayer que fueron "pagos indebidos" al utilizar una subvención para cancelar préstamos privados.

Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Ángel Cabrero, enmarcó la denuncia en una campaña "de acoso y derribo" de los querellantes porque ellos no cobraron. Cree que no puede haber prevaricación cuando dictó la resolución "confiando en que actuaba correctamente" y con informe favorable del secretario. "El alcalde no tiene estudios, ha sido peón de carreteras y ahora es capataz", señaló en su intervención final. Tampoco existe, en su opinión, ánimo de lucro, y dijo que los beneficiarios tenían intención de devolver el dinero.

Cabrero solicitó la absolución, aunque en caso contrario entiende que se dan dos circunstancias modificativas de las pena: el daño ha sido subsanado, al devolver el dinero, y han existido dilaciones indebidas en el proceso. La denuncia se presentó en 2010. Estos siete años, aseguró, han sido un calvario para Javier Mur, que no ha podido dormir tranquilo ni se pudo volver a presentar al cargo de alcalde, un puesto que ocupó entre 1999 y 2015.

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