La descontaminación de las áreas afectadas por los residuos de lindano en Sabiñánigo y la cuenca del río Gállego se prolongará hasta 2040 y costará 564,84 millones de euros. Este dinero saldrá íntegramente de las arcas públicas, sin que la empresa causante del daño haya puesto un solo euro para remediarlo. Después de casi tres años de trámites judiciales por parte del Gobierno de Aragón para conseguir la ejecución de la sentencia de 2003 contra Inquinosa y su propietario, Jesús Herboso sigue sin abonar la indemnización de 6,5 millones por afecciones al medio ambiente.

En los registros oficiales no ha aparecido ni una sola propiedad cuya venta pueda paliar mínimamente los perjuicios, y como último recurso se está tramitando actualmente el embargo de su pensión de jubilación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una vez que el juez ha dado su autorización. La cantidad está en torno a 1.000 euros y en el límite de lo embargable, ya que debe descontarse el salario mínimo y solo estaría disponible un porcentaje del resto. Por los cálculos realizados por los servicios jurídicos, aún en el caso de que se pudiera retener una cantidad, no superaría los 30 euros al mes. Ahora se está a la espera de la decisión del INSS, que es el organismo que determinará si la pensión es embargable y en qué cuantía.

El coche, dado de baja

Los letrados del Gobierno de Aragón formalizaron la demanda de ejecución de la sentencia a la que fue condenado en 2003 en junio de 2014, en el límite para expirar el plazo. La reclamación es por 20 millones (incluye intereses de demora). Desde entonces se han rastreado propiedades en España y en otros países, sin resultado. Ni siquiera está a su nombre el chalé donde reside, situado en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más cotizadas de Madrid.

Se localizó un vehículo de su propiedad, muy antiguo, pero al solicitar la información a Tráfico, confirmó que está dado de baja. También hay dos locales en Bilbao, de donde procede Herboso, pero se trata de una herencia compartida (en un caso con 11 personas y en el otro con 23), de forma que es imposible obtener dinero de ahí.

Bajo la titularidad de Inquinosa únicamente hay dos parcelas de la fábrica pero están declaradas suelo contaminado. El resto pertenece a una inmobiliaria (Urmarast) con la que ni la DGA ni el Ayuntamiento han podido contactar. Se adjudicó las instalaciones en una subasta instada por los procuradores que intervinieron en los pleitos de Inquinosa para cobrar la minuta.

Una veintena de diligencias

El juzgado de instrucción número 3 de Huesca, encargado de la ejecución de la sentencia, desestimó la petición de los servicios jurídicos de la DGA para investigar posibles cuentas bancarias en el extranjero tanto de la empresa química como de quien fue su director general y único accionista. Sí se han realizado numerosas consultas a registros públicos. Además de a la Tesorería de la Seguridad Social sobre la situación laboral del empresario, las sociedades en las que podía trabajar y si cobraba prestación por desempleo o una pensión; se pidió información a la Agencia Tributaria para conocer sus domicilios fiscales, rentas, cuentas bancarias, valores, planes de pensiones, vehículos, propiedades inmobiliarias y los impuestos de sociedades o IVA, así como ventas y compras a terceros.

Hasta ahora solo se ha podido averiguar que Jesús Herboso disfruta de una pensión de jubilación y casi tres años después de instar la demanda parece difícil, no ya cobrar la indemnización por los daños causados, sino ni siquiera una cantidad simbólica.