No tienen acceso, ni agua, ni luz, pero a los vecinos de Jánovas les sobra ilusión y vuelven a levantar sus casas con esa fuerza que da la impotencia ante una injusticia. Un auto del Tribunal Supremo refuerza la paralización existente del plan de restitución, al desestimar un recurso contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no prevé ninguna dotación presupuestaria específica del Ministerio de Medio Ambiente hasta 2028. En concreto, un litigio del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el plan del Júcar deja al valle del Ara sin opciones.

Con todo, "hasta ahora no se ha hecho nada de nada, pero esto nos parece ya una tomadura de pelo", denuncia el alcalde de Fiscal, Manuel Larrosa. Desolado y con la resolución judicial en la mano, miraba ayer los papeles con los vecinos Óscar Espinosa y Antonio Garcés, que se afanan en levantar sus casas de la ruina. Las obras –con la escuela ya casi reconstruida como salón social– son el símbolo de la lucha por recuperar un pueblo truncado en 1951 por los planes de construir una presa que inundaba sus casas y los núcleos de Lavelilla y Lacort. En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente descartó el embalse por su impacto ambiental y casi 16 años después muchos expedientes de reversión de las propiedades no se han cerrado y la compensación no se ha iniciado. Ahora será más difícil, porque el 17 de marzo caduca la evaluación ambiental que respalda el plan de restitución.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera ha desestimado el recurso de reposición del Ayuntamiento de Fiscal para evitar que se anulara el proceso del que presentó contra el PHN. El Supremo decidió suspender el procedimiento porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que rechaza el plan del Júcar, contra el mismo Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Fiscal alegó que su impugnación se refiere al Anexo XII, al Plan Hidrológico del Ebro (2015-2021), mientras que Castilla-La Mancha se refiere al Anexo XI, a la demarcación del Júcar. Sin embargo, el tribunal entiende que el conflicto se plantea sobre el mismo Real Decreto y que el proceso constitucional versa sobre los preceptos que incluyen determinaciones relativas a las cuencas intercomunitarias. "Su objeto es, pues, más amplio que el indicado por el recurrente", concluye el auto. Además, le impone 300 euros de costas al Ayuntamiento de Fiscal, lo que ha aumentado la indignación.

Pero esto no los va a paralizar. Óscar Espinosa, vicepresidente de la Fundación de Jánovas, va a llamar hoy al Gobierno de Aragón para solicitar conjuntamente una reunión con la ministra Isabel García Tejerina. Ni siquiera aspiran a que inviertan los 24 millones de euros en los que se cifró la restitución, pero al menos que les construyan un acceso, un colector, y que les llegue luz y agua. "Solo se pide algo que es de justicia", indica el alcalde, Manuel Larrosa.

"Es un mazazo, pero no nos hará retroceder"

"Parece mentira que en pleno siglo XXI sigamos con estas sentencias del Supremo", comentó ayer el vicepresidente de la Fundación Jánovas, Óscar Espinosa. "Nos duele porque no la entendemos. Es un mazazo, pero no nos va a hacer retroceder ni un paso, porque tenemos varias casas en marcha", aseguró. En el mismo sentido se pronunció Jesús Garcés, quien con su hermano Antonio mantienen la resistencia que opusieron sus padres, los últimos expulsados del pueblo en 1984. "Llevamos 60 años rabiando y ahora nos mezclan con el Júcar, pero nosotros no vamos a parar e iremos a Bruselas si hace falta", comentó.

Ambas familias han comenzado a reconstruir sus casas, de momento con grupos electrógenos para tener luz y con mangueras para llevar el agua. La reconstrucción de la escuela está muy avanzada y la Fundación Jánovas ya piensa en el tejado de la iglesia. "Vamos a seguir igual. Total, el Ministerio de Medio Ambiente ni está ni se le espera. Lo hemos hecho todo solos, y ahora con el apoyo del Gobierno de Aragón, nos planteamos un proyecto paralelo de restitución de servicios", indica Espinosa. Es también el secretario de la Asociación de Agricultura con la que han empezado a cultivar tierras, un plan que la DGA apoya con 40.000 euros.