Casi veinte años. Es el tiempo que hace que se redactó el decreto que está regulando las condiciones en la que deben llevarse a cabo las acampadas juveniles en Aragón. Esta normativa, que data de mayo de 1997, está pendiente de una adaptación a las leyes estatales y autonómicas promulgadas de forma posterior y que afectan a esta actividad, incluida la Ley de Juventud vigente. Ni el texto de 2007 ni el de abril de 2015 han desarrollado el reglamento para determinar los requisitos de estos campamentos y las obligaciones que deberán cumplir sus responsables.

Por tanto, no está regulado el número de tiendas por metro cuadrado, los urinarios por personas, si tiene que haber un equipo médico o solo un botiquín, las salidas y las entradas por si hay que evacuar, las distancias mínimas a un río, un plan de emergencia... Hoy por hoy, es suficiente con presentar ante el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), que es el que tiene competencias en la materia, el número de monitores por niño, su titulación, el cumplimiento de las normas sanitarias y las actividades. También hay que pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

No obstante y aunque la documentación presentada no esté en regla, el IAJ no puede prohibir un campamento, ya que su función es recibir las notificaciones, pedir los papeles que falten en su caso y remitir la información a los servicios de emergencia de la zona. En muchas ocasiones, los organizadores no cumplen los plazos fijados ni con Juventud ni con la CHE y para cuando todo esto se tramita la acampada ha finalizado. En este intervalo puede ocurrir algún imprevisto y, aunque la responsabilidad será de los promotores, las lagunas legales por la falta de adaptación a las nuevas normas "podrían causar problemas", según comentó la diputada del PAR en las Cortes de Aragón Elena Allué. El año pasado fueron 22.276 niños los que participaron en los 439 campamentos organizados en Aragón, la mayoría en el Pirineo.

El pasado día 18, la parlamentaria registró en la Cámara autonómica una pregunta para conocer si el Ejecutivo aragonés va a impulsar o no la "la regulación de acampadas y campamentos juveniles y escolares que acabe con las lagunas legales e inseguridades en esta materia". Justo dos días después, el accidente que costó la vida a una niña de 15 años durante una travesía nocturna por el cañón de Añisclo puso el foco en las condiciones en que se desarrollan estas actividades.

La fallecida formaba parte de un campamento scout de Sabadell (Barcelona) que, aunque había comunicado al Gobierno de Aragón su intención de instalarse en un campo entre el 20 y 30 de julio, no había entregado la autorización de los titulares del terreno ni otros documentos necesarios, como las actividades que iban a realizar.

Aunque el IAJ y la CHE realizan inspecciones, los alcaldes y los presidentes de las comarcas pirenaicas piden una regulación más exigente.Quieren tener controlada la presencia de estas acampadas en cuanto a ubicación y número de personas, ya que en caso de que se produzca una emergencia son los primeros que tienen que acudir a atenderlas.

Según comentó Allué, directora general de Turismo entre 2012 y 2015, fue a partir de una demanda similar cuando se regularon, en 2014, las acampadas colectivas como las de Pirineos Sur y Motorland. Los campamentos juveniles quedaron fuera de esta orden y de la de campin porque "el Estatuto de Autonomía dice que la competencia es del Instituto Aragonés de la Juventud", explicó la diputada del PAR.

No es la primera vez que Elena Allué pregunta por esta regulación a la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, Mª Victoria Broto. Ya lo hizo en septiembre del año pasado. La titular del departamento reconoció entonces que la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón, en su artículo 64.2 "impone un desarrollo reglamentario sobre las acampadas juveniles".

El compromiso de la consejera

En su respuesta, la consejera señaló que, además de la necesidad de adaptación legal a la normativa relacionada, la evolución de la oferta de actividades al aire libre ha supuesto un "incremento exponencial en número y en diversidad de oferta de actividades". Explicó que estas requieren el uso de materiales específicos o conocimientos expertos "por los riesgos que comportan o fines que persiguen y que requieren que se contemplen específicamente en la regulación de las actividades de tiempo libre".

Asimismo, apuntaba que esta regulación debía tener una doble perspectiva. Por un lado, dotar de seguridad jurídica la iniciativa empresarial o asociativa que permita implementar este tipo de actividades que contribuyen al incremento de su oferta en Aragón y la promoción del empleo juvenil. Por otro, garantizar que el acceso a su ejercicio se realice en condiciones que permitan "prevenir situaciones de riesgo para la seguridad, salud e integridad física de sus participantes así como del entorno natural o urbanístico donde se realizan".

En septiembre de 2015, Broto dijo que su departamento, a través del IAJ, "tiene el propósito de adaptar la normativa sobre acampadas juveniles a la situación actual". Pero de momento nada ha cambiado.