La Ribagorza despide a sus siete celadores medioambientales al retirar la DGA la financiación
Realizan trabajos de gestión forestal, seguimiento de especies o anillos de protección contra el fuego en los pueblos
Los siete trabajadores del servicio de medio ambiente de la Ribagorza, creado hace 13 años y el único que existe en Aragón de estas características, se han quedado en la calle. La Comarca les comunicó hace tres días su despido, que será efectivo el próximo 31 de diciembre, al no renovarse el convenio de financiación con el Gobierno de Aragón. El departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que aportaba el grueso del dinero, alega razones presupuestarias y no cree justificada la excepcionalidad.
Los denominados celadores medioambientales realizan muy diversas tareas, entre las cuales está apoyar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) en labores de seguimiento de especies, actividades relacionadas con la vigilancia de la caza y la pesca o gestión forestal. Ellos han estado haciendo los anillos de protección contra el fuego en torno a los pueblos, a raíz del gran incendio de Castanesa.
Fuentes de los empleados lamentaron que este trabajo óptimo, desempeñado durante más de una década, se vaya ahora al traste, ya que además se habían acometido importantes inversiones en la compra de material y maquinaria. Por otra parte, supone la pérdida de siete empleos, que ocupan a personas plenamente asentadas en el territorio, en una comarca muy despoblada.
El despido les fue comunicado el pasado martes, en una reunión con la presidenta de la comarca, Lourdes Pena (PSOE), y el vicepresidente, Eusebio Echart (PAR). "No nos dieron la opción de reducir el sueldo, de modificar las condiciones del contrato o de que hubiera un periodo de transición", señaló uno de los afectados. La alternativa de que la financiación viniera de la Comarca era casi nula y menos de los ayuntamientos, "que son pequeños y con pocas posibilidades económicas".
El convenio también estuvo en el aire otros años, pero siempre se acababa renovando. En esta ocasión no fue así. Según justificó la consejería de Joaquín Olona a los responsables comarcales, no tenía cabida presupuestaria ni estaba justificada su excepcionalidad, ya que es la única donde existe este tipo de servicio, y además, el trabajo que realizan lo podía asumir la plantilla de la empresa pública Sarga. Responsables comarcales estuvieron negociando con el director general de Gestión Forestal, José Ramón López Pardo.
El convenio lo suscribían el Gobierno de Aragón, la Ribagorza y las federaciones de Caza y Pesca. El grueso de la financiación provenía de la administración autonómica, con 150.000 euros, mientras que la Comarca aportaba entre 35.000 y 40.000.
"Se ha defendido el servicio y se ha intentado salvar, por el valor de su trabajo y porque son siete familias afincadas en el territorio, pero es una competencia impropia y nosotros no la podemos asumir sin ayuda de la DGA", argumentó la presidenta. Según Lourdes Pena, si el Gobierno de Aragón retira los 150.000 euros, "nuestras finanzas no lo pueden mantener, porque las comarcas hemos sufrido muchos recortes presupuestarios".
El año pasado, la Ribagorza dio un ultimátum a la DGA, amenazando con que si en unos meses no garantizaba el dinero necesario, le devolvería las competencias impropias, es decir, las que presta la comarca pese a ser de titularidad autonómica, como la educación de adultos, el transporte escolar, la extinción de incendios o servicios de consumo, desarrollo y medio ambiente.
