Adelpa pide la paralización del plan de depuración del Pirineo y la revisión de los contratos

Adelpa (Asociación de entes locales del Pirineo aragonés) ha solicitado al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y a la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, la paralización de todos los proyectos de depuradoras del Pirineo incluidos en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que no estén iniciados.

Para ello, se pide que se contemple en la ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2016. Al mismo tiempo, exigen que se revisen los contratos adjudicados en todas las obras de depuración que no se han ejecutado, para su rescisión en la parte que no se ha llevado a cabo. Estos son los pasos que piden hasta la aprobación de un nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, «redimensionado conforme a la realidad y a las circunstancias actuales».

Adelpa ha trasladado ahora esta solicitud, que se aprobó por unanimidad en la última asamblea general de la asociación, que se celebró el pasado 17 de octubre en Boltaña, en la que numerosos responsables de las entidades locales del Pirineo volvieron a poner de manifiesto su frontal rechazo al Plan de Depuración del Pirineo incluido en el vigente Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

La petición responde a razones como que se han sobredimensinado las instalaciones, por lo que no son sostenibles ni económica ni ambientalmente. Además, muestran su desacuerdo con las soluciones técnicas adoptadas que no contemplan en absoluto opciones como filtros verdes que pueden ser mucho más sostenibles para las dimensiones de los núcleos de población. Otro de los motivos es la eliminación total de actuaciones en poblaciones que llevan pagando el canon de saneamiento –ahora impuesto sobre contaminación de las aguas– desde el año 2009.

Incluso algunos ayuntamientos que ya tienen construida su depuradora expresaron entonces su descontento, ya que su nueva instalación da entrada a aguas residuales pero también a aguas pluviales y de manantiales, por lo que han visto incrementado el importe del canon de vertido que les cobra la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Asimismo manifestaron su desconcierto ante el hecho de que estas obras, que están declaradas de interés general por el Plan Hidrológico Nacional y el Plan de la Cuenca del Ebro, y que por tanto venían financiadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en un convenio por importe de 169 millones de euros que finaliza en diciembre de 2015, estén tras siete años desde la firma del convenio sin ejecutar en su mayoría. Además, los contratos para la construcción y explotación de estas depuradoras se adjudicaron en 2009 y su plazo de ejecución era de 2 años.

Por último, los ayuntamientos del Pirineo están en general en contra del sistema de contratación llevado a cabo en su día, que supone la concesión de la explotación de las depuradoras durante 20 años a las empresas adjudicatarias y cuyos cálculos parecen claramente inviables económicamente, según explica Adelpa en un comunicado.