El juicio por la destrucción de la Cueva de Chaves se celebrará en septiembre del próximo año
La vista oral comenzará el 21 de septiembre y durará tres días.
El juicio contra el empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves (Huesca), uno de los más importantes del neolítico en Europa, se celebrará en septiembre del próximo año y durará tres días.
La celebración de la vista oral, que comenzará el 21 de septiembre, consta en una diligencia judicial que acompaña al auto de inicio del procedimiento dictado por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de enjuiciar los hechos denunciados.
En su auto, el juez declara pertinentes la mayor parte de las pruebas propuestas por acusaciones y defensas, pero rechaza la petición del letrado del Gobierno aragonés de ampliación de un informe pericial ya practicado y de una prueba solicitada por los ecologistas, que tacha de "innecesaria".
El instructor del caso dictó el pasado mes de febrero auto de apertura de juicio oral contra Victorino Alonso como presunto responsable de un delito contra el patrimonio histórico y de otro contra el medio ambiente, y decretó una fianza para el empresario de 66 millones de euros.
Esta petición de fianza, acordada por el juez para garantizar el pago de la indemnización derivada de una posible condena, fue planteada por el letrado de la asociación Acción Pública por la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y apoyada por la fiscalía y la representación legal de Ecologistas en Acción, también personada en la causa como acusación particular.
En la causa figuran como responsables civiles subsidiarias las sociedades Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubicaba el yacimiento, Ferpi, empresa que acometió las obras que provocaron la destrucción del yacimiento, y la aseguradora Mapfre Global Risk.Solicitud de una condena de 2 años
Por estos hechos, la fiscalía solicita para Victorino Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico.
Apudepa reclama a su vez para el empresario una condena de 3 años de prisión y multa de 288.000 euros.
Ecologistas en Acción solicita una condena de tres años de prisión para Alonso como presunto responsable de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.
La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como "actor civil" y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.
Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.
Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.
Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida "irremediable" de los posibles niveles arqueológicos existentes y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.
Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.
