La orden del gobierno aragonés de desmantelamiento del coto de Bastarás, en el Parque Natural de la Sierra de Guara (Huesca), será recurrida ante el Tribunal Constitucional por la empresa que gestiona este territorio de caza, Fimbas, por lo que su ejecución podría ser suspendida cautelarmente.

Así lo ha asegurado este lunes en rueda de prensa el director general del Medio Natural del ejecutivo regional, Pablo Munilla, que ha comparecido junto a miembros del patronato de la Sierra de Guara para informar de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la declaración de este parque natural.

Munilla ha explicado que el representante legal de Fimbas informó recientemente al gobierno aragonés de su intención de recurrir ante el Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la orden administrativa de extinción del coto de caza de Bastarás.

La empresa asumió dos de las sanciones impuestas por la administración regional, el pago de una sanción de 30.000 euros por la introducción de ejemplares de arruí, especie no autóctona, y su eliminación.

Fimbas rechazó, sin embargo, eliminar otras especies alóctonas como muflones y gamos, reducir hasta niveles "normales" de ejemplares autóctonos de jabalíes, ciervos y cabras montesas, y retirar finalmente el vallado perimetral del coto.

El recurso de la empresa fue rechazado en enero de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y tres años después, en febrero de 2015, por el Tribunal Supremo.

Munilla ha señalado que tras la sentencia del Supremo, el departamento del Medio Natural del Gobierno aragonés se puso en contacto con la empresa para acordar los pasos a dar antes de la retirada del vallado del coto, entre ellos la eliminación de las especies alóctonas y la reducción de las autóctonas.

Ha añadido que aunque se ha llegado a acordar la celebración de un encuentro con Fimbas, el anuncio de un recurso ante el Tribunal Constitucional podría derivar en una suspensión cautelar de la orden y en un retraso de todo el procedimiento.

Fimbas esta inmersa actualmente, como responsable civil subsidiaria, en una causa penal por un presunto delito contra el patrimonio contra el empresario del carbón Victorino Alonso por la destrucción de un yacimiento neolítico ubicado en el interior del coto, la cueva de Chaves.