Huesca

Las asociaciones de vecinos piden que se mantenga la red de asistencia mental

CAVAragón ha enviado una carta abierta al consejero de Sanidad en la que se manifiesta el rechazo al cambio de modelo de gestión de la Fundación Serrate.

La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVAragón) ha instado este lunes al consejero de Sanidad del Gobierno aragonés, Ricardo Oliván, a mantener la red de servicios de asistencia mental en Huesca, y en concreto los que presta la Fundación Serrate para la integración de los pacientes mentales.


En una carta abierta al consejero, que los responsables de la Confederación tienen previsto entregarle este martes en el Consejo de la Salud en Aragón, se asegura que los servicios que ofrece la Fundación Serrate forman parte de un modelo de atención "puntero", reconocido tanto dentro como fuera de la Comunidad.


Por esta razón, CAVAragón manifiesta su "absoluto rechazo" a los planes del departamento de Sanidad del Gobierno aragonés de reestructuración del modelo de gestión de la Fundación, que utiliza recursos humanos y materiales del Ejecutivo autonómico para su funcionamiento.


Sus responsables aseguran que en la actualidad más de 150 personas afectadas de discapacidad mental se benefician de las labores asistenciales y de integración sociolaboral que presta esa organización.


En su escrito, cuestionan las "intenciones" del departamento de Sanidad respecto a la Serrate al entender que "no se entrevé" ninguna iniciativa dirigida a mejorar, potencia u optimizar los servicios que presta.


"Por el contrario -añaden-, se entrevé una intención clara de mercantilizar la sanidad pública en general, y la rama de salud mental en particular".


Para la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, la privatización de la gestión del centro de día de la Fundación o la lavandería del centro de integración laboral Arcadia "equivale a que algunos saquen lucro y ganancia a espaldas de la enfermedad, la terapia y la reinserción".


Se asegura a este respecto que "esto tendrá efectos muy negativos para las personas con trastorno mental grave y para sus familias, además de desencadenar la pérdida de puestos de trabajo a cambio de la creación, si llegara a haberla, de otros de carácter precario de concesiones privadas, con la consecuente merma de calidad en la atención a las usuarias y usuarios".