huesca. El Pleno del Ayuntamiento de Fraga aprobó en la noche del jueves, con los votos del PP y el PAR, solicitar dos informes sobre la constitucionalidad de la Ley de Lenguas de Aragón. La medida -a la que se opusieron los ediles socialistas- fue propuesta por los populares, que quieren asegurarse de la validez del texto legal antes de que entre en vigor. Para ello, han encargado un estudio a un gabinete jurídico externo y también solicitarán un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.

Así lo explicó ayer el portavoz del PP, Jaime Cabós, quien mostró el temor del equipo de gobierno a que la puesta en marcha de la ley conlleve un importante gasto para las arcas municipales. Cabós afirmó que "se nos obliga a traducir todos los documentos, para lo cual necesitaríamos tres o cuatro personas en plantilla, pero no al fragatino, que es nuestra lengua materna, sino al catalán". "Si el desembolso lo tiene que hacer exclusivamente el Ayuntamiento, nuestra propia Comunidad Autónoma nos está haciendo un flaco favor", sentenció.

El Consistorio quiere disponer de los informes jurídicos "cuanto antes", ya que se espera que la norma entre en vigor a lo largo de este año. No obstante, Cabós admitió que desconocen los plazos, así como la forma en que se financiará: "No sabemos si habrá ayudas, pero nos parece inadmisible que nos impongan un gasto extra cuando además se están reduciendo las aportaciones del Gobierno central, de la DGA y de la Diputación de Huesca. "Esta ley es una maniobra política para contentar a unos pocos y nos deja totalmente desamparados", criticó el portavoz popular.

Según la DGA, el apartado correspondiente a las relaciones con las administraciones de las zonas declaradas de utilización histórica del catalán y el aragonés se aplicará, como tarde, en 2013. El viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez, aseguró recientemente que se irá desarrollando paulatinamente en los distintos ayuntamientos. La ley prevé que dispongan de formularios en los dos idiomas y que los ciudadanos puedan dirigirse y recibir contestación en su lengua. Vázquez advirtió de que no será necesario crear una oficina de traductores en cada institución, sino que se podrán crear sistemas informatizados y estructuras centralizadas, por ejemplo, a nivel comarcal.

Polémica por las aguas bravas

El pleno en el que se trató este asunto volvió a estar protagonizado por la polémica en torno al proyecto para construir un canal de aguas bravas, que se ha descartado tras perder la subvención de 870.000 euros por el retraso en la tramitación administrativa. El equipo de gobierno y la oposición cruzaron múltiples acusaciones y finalmente se aprobó asumir las posibles reclamaciones que presente la empresa adjudicataria de la obra. En la misma sesión se dio luz verde, entre otros asuntos, a la revisión del Plan Local de Equipamiento Comercial.