El alcalde de Jaca sigue adelante con su plan urbanístico, pero carece del apoyo del PAR

El alcalde socialista de Jaca, Enrique Villarroya, anunció ayer su intención de seguir adelante con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha planteado para la zona del sector Levante, con la que se cambiaría la tipología de vivienda y se aumenta de 1.241 unifamiliares a 2.187 pisos en bloque y adosados. Sin embargo, sigue sin desvelar la principal incógnita de su plan: ¿quién elaboró el proyecto?, interrogante que plantea en su informe la arquitecta municipal, quien recomendó que no se aprobara el documento.

 

Además, Villarroya plantea construir una ciudad deportiva -con tres campos de fútbol, aparcamiento para 500 vehículos y zona de patinaje- con las plusvalías que se generen en el sector de la Corona de los Cuervos, así como un centro comercial y hotelero. De esto, nada se decía en el documento que se dictaminó para pleno en la comisión del 12 de agosto con los únicos tres votos del PSOE. Por ello, no solo se sorprendió la oposición sino su socio de gobierno, el PAR.

 

El portavoz de este grupo, José María Abarca, desconocía que el alcalde fuera a dar una explicación pública de un asunto que ni siquiera han tratado en privado, aunque espera hablar con él en los próximos días. Por ello, mantiene que Villarroya todavía no quiere el apoyo de su grupo. "Nosotros no nos vamos a pronunciar hasta que no esté todo el documento completo", aseguró. "Hasta que un expediente no está terminado, no debe ser sometido a dictamen", denunció.

 

Después de la información sobre su plan que adelantó el viernes este diario, Villarroya compareció ayer por primera vez ante los medios para dar explicaciones y anunció que va a buscar apoyos y va a negociar para lograr que esta modificación siga adelante.

 

El alcalde aseguró que había solicitado a los servicios técnicos municipales un nuevo documento. Y apuntó que el informe del asesor jurídico del Ayuntamiento -personal de confianza- ya esta elaborado. "Espero que los demás técnicos den su opinión técnica y no hagan reflexiones sobre lo que les gusta o no les gusta", en referencia al informe negativo de la arquitecta que considera la idea un "dispendio de suelo", porque propone actuar sobre 441.000 metros cuadrados.

 

El alcalde se remontó al PGOU de 1996, cuando se propone desarrollar el suelo por sectores pero, tras ver su dificultad, se decidió elaborar unas directrices, que fueron aprobadas en 2005 por unanimidad. Estas directrices fueron recurridas por uno de los promotores, Pronisa (Promociones Nicuesa, que posee 6,10 hectáreas) y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) falló a su favor el 29 de junio de este año. "La falta de rigor del documento invalida su carácter de directriz y debe sustituirse por otro", apuntó Villarroya. Es a raíz de este informe cuando el grupo municipal socialista propone esta modificación del PGOU y se opta "por una zona residencial con una mayor densidad de viviendas y variedad en la tipología en la que además convivan otros usos de carácter comercial y hostelero", justificó.

 

Sin embargo, en el informe del asesor jurídico del área, con fecha de 10 de agosto, que se adjuntó al plan urbanístico presentado por el alcalde en la comisión del 12 de agosto, se decía explícitamente que "en este momento el pleito está visto para sentencia". Ni el PAR como socio de gobierno ni la oposición conocen todavía el fallo.

 

"Como este alcalde es estricto y escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad -dijo- hemos solicitado información al registro de la propiedad sobre la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 5 años anteriores al inicio de este expediente". A este respecto, apuntó que los actuales propietarios "no son todos grandes promotoras, también hay particulares". "Una vez que lleguen los datos, no tendré ningún inconveniente en darlos a conocer, porque no figura ningún miembro corporativo como titular de suelo", añadió.

 

Además, resaltó que entre los beneficios de esta modificación figuran la cesión de 26.000 metros cuadrados para el Ayuntamiento y de 54.000 metros para espacios libres y equipamientos. Al mismo tiempo, el número de viviendas de protección oficial pasarán de 126 a 667.