El Ayuntamiento de Huesca inhabilita al empleado acusado de cultivar marihuana

Cuarenta y ocho horas después de que el Ayuntamiento de Huesca tuviera conocimiento de la detención de un empleado municipal, Tomás S. N., de 35 años de edad, por cultivar presuntamente marihuana en las naves de material de las brigadas, decidió ayer suspenderle de empleo y sueldo hasta que se resuelva la causa penal instruida contra él.

Tomás S. N. fue trasladado por la mañana a los juzgados de Huesca por agentes de la Policía Nacional. Tras prestar declaración, la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 le imputó un presunto delito contra la salud pública por los más de 2 kilos de marihuana que incautó la Policía Judicial entre las 63 macetas halladas dentro del almacén que había habilitado como invernadero, y del que solo el acusado tenía llave, ya que excede ampliamente la cantidad que podría destinar a consumo propio, según fuentes judiciales.

La juez decretó finalmente su puesta en libertad, por lo que Tomás S. N. pudo abandonar sobre las 11.30 los juzgados en compañía de su abogado y de su padre, que también forma parte de la plantilla de las brigadas y que se mostró visiblemente abatido.

Tras conocer la decisión judicial, el equipo de gobierno volvió a convocar ayer la Junta de Portavoces y la Junta de Personal para informar a los grupos de la oposición y a los sindicatos del contenido de tres decretos firmados por el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, en relación a este caso.

El primero de ellos ordena la apertura de un expediente disciplinario contra el empleado detenido, aunque su tramitación queda en suspenso hasta que haya una sentencia penal. No obstante, y como medida cautelar, el consistorio oscense ha dictaminado en un segundo decreto suspender de empleo y sueldo al acusado, tal y como permite el Estatuto de la Función Pública. En caso de que finalmente no fuera sancionado, el empleado podría reincorporarse de forma inmediata a su puesto de trabajo y se le deberían reconocer todos los derechos económicos y laborales perdidos desde la fecha de la suspensión.

Por último, el consistorio ha decidido contratar los servicios de un abogado para que se persone en su nombre como acusación particular en el proceso judicial.

El equipo de gobierno emitió un comunicado subrayando que ha querido actuar "con la máxima firmeza que permite la ley" y haciendo hincapié en que se trata de un "caso aislado" que no debe empañar el trabajo de los empleados municipales "y que deberá ser probado la autoridad judicial".

Nuevos mecanismos de control

Desde la oposición valoraron positivamente las medidas adoptadas por la Alcaldía. No obstante, también insistieron en que la gravedad de los hechos ocurridos debe obligar al consistorio oscense a establecer "nuevos mecanismos de control" sobre el funcionamiento de las naves destinadas a las brigadas municipales "para que haya una transparencia total, especialmente en lo que se refiere a compra de material y a las entradas y salidas del mismo, que es francamente mejorable".

Los grupos coinciden en mostrar su perplejidad por que nadie supiera que se estaba realizando una actividad ilícita en una dependencia municipal. En este sentido, opinan que ya que se está debatiendo ahora la distribución definitiva de puestos de trabajo de los 500 empleados municipales, es "el mejor momento" para que el área de Servicios Municipales, dirigida por el edil Germán Sanromán, estudie posibles reformas del método de trabajo de las brigadas. "Porque tan importante como las consecuencias penales y administrativas es saber cómo se ha podido llegar a esta situación y qué se debe corregirse para que no vuelva a ocurrir", señalaron.