El juez da 15 días a Victorino Alonso para pagar 25 millones por la cueva de Chaves

El embargo de la pensión del empresario ha reportado 17.538 euros. Fimbas, responsable subsidiario, tiene el coto de caza para responder del daño.

Victorino Alonso.
Victorino Alonso.
Rafael Gobantes

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha requerido al empresario minero leonés Victorino Alonso para que pague al Gobierno de Aragón la indemnización de 25 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, por los daños causados en el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, enclavado en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca). El magistrado le da 15 días, a contar desde el siguiente a la notificación, el 15 de febrero.

Con este auto inicia el procedimiento para ejecutar "sin demora" la sentencia que condenó a Alonso por un delito sobre el patrimonio histórico, a las penas de dos años y seis meses de prisión, debiendo indemnizar a la DGA con 25.490.805 euros. De esta cantidad debe responder subsidiariamente la sociedad Fimbas SA, titular de la finca.

La ejecución se inicia después de que, en enero, la Audiencia de Huesca ratificara la condena contra Alonso, aunque le redujo la pena en seis meses admitiendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el proceso. El fallo es pues firme y solo cabe la presentación de un recurso extraordinario de nulidad de las actuaciones, paso previo a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional, donde probablemente acabará.

El empresario leonés deberá abonar, además de los 25 millones, los intereses y las costas del juicio. Eso sí, se le descontarán 17.538 euros, que es lo que se le ha ido reteniendo por el embargo de la parte legal de la pensión durante los tres últimos años, según acordó en su día el juez instructor. El magistrado de lo Penal ha decidido mantener el embargo, dando instrucciones para que se comunique a la Seguridad Social el número de la cuenta del juzgado, con la finalidad de que el dinero posteriormente se destine al pago de la indemnización.

Al mismo tiempo requiere a Fimbas para que en 10 días designe procurador en los autos de ejecución, ya que si no paga Alonso, tendrá que hacerlo la sociedad. La relación entre ambos quedó clara en la sentencia: el empresario era administrador único de Maderas Bodelón, sociedad que a su vez era accionista mayoritario de Fimbas. Esta ha pagado casi 80.000 euros en multas a la DGA por infracciones administrativas a la Ley de Montes en el coto de caza, pero todavía no ha reparado los daños que causó.

Contra el auto de ejecución de sentencia cabe un recurso de reforma. La abogada de la asociación de defensa del patrimonio (Apudepa), Pilar Villellas, que ejerció la acusación particular, cree que Alonso se declarará insolvente y pedirá la suspensión de la pena para no ingresar el prisión, al no superar los dos años de cárcel. De hecho, hasta ahora solo se le ha podido embargar una parte de la pensión de jubilación.

Un coto de 2.000 ha

Sin embargo, esta letrada confía en que hay posibilidad de cobrar de Fimbas S. A., la responsable civil. La sociedad es titular del coto de Bastarás. La finca, en el Parque Natural de la Sierra de Guara, tiene 2.000 hectáreas e incluye el antiguo pueblo de Bastarás recuperado. Apudepa pedirá que se investiguen los bienes patrimoniales de Alonso y de Fimbas y se embargue el coto.

Para Pilar Villellas, la ejecución de la sentencia es un paso importante. Considera en primer lugar que es necesario acceder a la finca para intentar recuperar todo el patrimonio posible, ya que no se ha entrado en ella desde que se cometió el delito en 2007. La sentencia entiende probado que Victorino Alonso dio la orden de meter una excavadora en la cueva de Chaves para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. Pero aunque el yacimiento fue arrasado, quedan otros abrigos en la propiedad. A su juicio, el dinero que se consiga debe revertir en la conservación y la difusión del patrimonio.

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