De ventanilla en ventanilla

EL principio de subsidiariedad definido en el artículo 5 del Tratado de Lisboa establece la garantía mediante la cual las decisiones siempre se adoptarán por la autoridad más próxima al problema y al ciudadano. Bajo esta formulación, la Unión Europea entiende que es preferible evitar su intervención si existe una acción más eficaz que pueda ser ejercida desde un ámbito nacional, regional o local. Esta voluntad define nuestra actual estructura administrativa, solo viéndose corregida por una autoridad superior cuando se pone en riesgo el principio de igual. La España de las autonomías, con un amplio paquete competencial transferido, engarza a la perfección con el principio de subsidiariedad defendido por la UE, un modelo que ha sabido imprimir agilidad y capacidad de reacción, aunque también ha restado coordinación mientras debilitaba la idea de un Estado asentado sobre unos principios compartidos.

El respeto por las diferentes identidades que conforman España guió a los padres constitucionales el redactado de un texto que buscó la definición de lo poliédrico como un todo reconocible, pero que pasados los años y superado el espíritu del 78 ha dado paso a una composición administrativa que no termina de resolverse a satisfacción. Los más centralistas entienden que ha llegado el momento de hablar de una reversión competencial en favor de la debilitada administración madre y los nacionalistas, incluso alguna formación regionalista, mantienen un permanente grado de malestar rayano en la deslealtad constitucional. El modelo es objeto de un claro debate, pero lo curioso de esta trifulca es que las dificultades expresadas por las autonomías no nacen de sus dudas o dificultades ante el correcto desempeño de su paquete competencial, ya que desde las comunidades, como es el caso de Aragón, se buscan nuevos escalones administrativos -comarcas- hacia los que delegar competencias. Se aguantan las diputaciones sin apenas vida ni competencias y se crean, impulsadas por el reparto político y las cuotas de poder, las comarcas para, supuestamente, aproximar al ciudadano a una administración que no hace sino enmarañarse ante sus ojos. Pero por elevación ocurre algo similar. En Madrid existen ministerios como, por ejemplo, los de Sanidad o Educación, sin competencias reales, pero que conservan estructuras parejas a los años previos a las transferencias.

La búsqueda del control del déficit público sobre la base del recorte de los sueldos de los funcionarios o la supresión de la inversión no suponen, por sí mismas, medidas con la suficiente rotundidad como para dar credibilidad a un Gobierno. Pocos dudan de la oportunidad que supone la moderación del gasto mediante la aplicación directa de la tijera, pero lo que realmente se está demandando es una revisión de la función pública y de las actuales estructuras administrativas. Comprar a medias un camión para la recogida de basura entre varios municipios rurales parece algo lógico cuando individualmente se carece de presupuesto. A eso se le llama mancomunar servicios, pero no todos comparten que ese mismo trabajo exija la creación de una entidad administrativa llamada comarca.

Continúa faltando la visión compartida de un Estado que tiene que adelgazar por arriba y por abajo y cuyo principal criterio tendría que ser el de la eficiencia mediante el riguroso control de la capacidad competencial.