Cuatro aragoneses se suman a la denuncia por los niños robados

Unas 300 personas de la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Ilegales (Anadir) se concentraron ayer delante de la Fiscalía General del Estado para reclamar que se investigue el robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia.

Los zaragozanos Antonio Barroso, presidente de Anadir, y Juan Luis Moreno, vocal de la asociación, junto al abogado Enrique Vila Torres, entregaron una denuncia colectiva que incluye 261 casos de toda España. El germen de la asociación fue Aragón, aunque la mayoría proceden de Madrid (84), y hay muchos de Andalucía y Cataluña.

En la denuncia reclaman a la Fiscalía General del Estado la unificación de su postura en todas las fiscalías territoriales porque hay abiertas diligencias en Cádiz, Málaga y Sevilla, pero existen casos en todo el país. Los que se presentaron en Aragón fueron archivados por los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Exigen que se determine quiénes estuvieron implicados en todas las acciones ilícitas que condujeron al secuestro de centenares de menores sin consentimiento de sus padres y los mecanismos que permitieron a los implicados darlos a otras parejas, a cambio de dinero, en la mayoría de los casos.

Muchas de esas parejas receptoras consiguieron inscribir a los niños como hijos biológicos en los registros, por lo que los secuestrados nunca podrán averiguar la verdad sin la confesión de los padres receptores.

«Pensé que íbamos a la cárcel»

Juan Luis Moreno, un zaragozano de 41 años que destapó todo el escándalo de los niños robados porque su padre se lo confesó antes de morir, se quedó ayer «alucinado» con la «brutal respuesta ciudadana» en la calle de Fortuny. «Ha sido muy emocionante, nunca tuve una sensación tan fabulosa», dijo. Moreno, que vive en Vilanova i la Geltrú, como Antonio Barroso, llegó en AVE desde Barcelona. «Vi un gran despliegue de furgonetas policiales. Pensé que nos iban a meter en la cárcel», señaló. Moreno, Barroso y Vila entraron en la sede de la Fiscalía General del Estado, entregaron la denuncia y no fueron recibidos por el fiscal Cándido Conde Pumpido porque no habían pedido una cita previa. Sus compañeros los esperaban en el exterior con pancartas que decían «Víctimas del tráfico de bebés. ¡Queremos justicia!».

En la denuncia colectiva, la asociación de afectados Anadir argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documentos públicos (certificados de nacimiento y de defunción), suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal.

El escrito incluye un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, o testimonios de personal civil de los hospitales que reconocen ese tráfico de bebés en España.

La prescripción, punto clave

El abogado de la asociación, Enrique Vila, que es un hijo adoptado legal, sostiene que no han prescrito estos delitos, en contra de los archivos judiciales hechos en Zaragoza, y pueden reabrirse las investigaciones. Ayer reclamó ayuda del Gobierno para descubrir verdad a través del Ministerio de Justicia; para que sufraguen las pruebas de ADN y faciliten la consulta de los archivos.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostienen que la vía penal no tiene muchas posibilidades porque solo los delitos como el genocidio, la lesa humanidad y, ahora, los delitos de terrorismo no prescriben. Como los delitos de la denuncia no están incluidos en la competencia jurídica de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ya les recomendó que acudieran a la vía administrativa y que el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas allanaran la prueba de ADN y la entrada en los archivos.

«Calculamos que el número de bebés robados ronda los 300.000», explicó Vila, al comparar que en su despacho recibe un 15% de personas que no son adoptadas en verdad, aunque se presentan bajo esa condición. Ayer entregaron 261 casos, pero en función de la respuesta de la Fiscalía General del Estado, «se puede ampliar con una denuncia modelo para todos los nuevos».

Los afectados de Anadir se trasladaron en cuatro autobuses al Ayuntamiento de Getafe, donde les recibió el alcalde Pedro Castro y celebraron la rueda de prensa (emitida en directo por su página web www.getafe.es). El municipio madrileño cedió luego un centro cívico para que comieran todos juntos, porque parte de la tarde la pasaron celebrando su primera asamblea tras constituirse.