Aragón recurrirá el plan del agua de Cataluña tras rechazarse sus alegaciones

El Gobierno de Aragón considera insuficientes las modificaciones introducidas por la Generalitat en el plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, por lo que sus servicios jurídicos recurrirán este instrumento de planificación en cuanto reciba la aprobación definitiva del Govern. El Ejecutivo catalán ya ha contestado a las alegaciones que presentó en verano el Instituto Aragonés del Agua, y aunque en ese escrito se anuncian algunos cambios, la DGA considera que el documento resultante sigue siendo "nulo de pleno derecho" porque se extralimita en sus competencias y además incumple diversas leyes estatales y aragonesas.

La coalición PSOE-PAR reconoce que la Generalitat es competente para elaborar su propio plan hidrológico siempre y cuando se ciña exclusivamente a sus cuencas internas. El problema es que el programa elaborado por la Agencia Catalana del Agua (ACA) no solo incluye medidas que afectan a la parte catalana del Ebro -y que por tanto son competencia de la CHE-, sino que además está incluido dentro de otro documento -el denominado Plan del Agua de Cataluña- que aspira a guiar la planificación hidrológica en toda la comunidad vecina y que por tanto no cabe en la legislación. Una vez más, la Generalitat trata de impulsar su idea de país pasando por encima de los límites geográficos de la cuenca del Ebro.

Un instrumento que no existe en la normativa vigente.

La DGA sostiene que "no existe base constitucional, estatutaria o legislativa" que justifique la existencia del Plan del Agua de Cataluña, y además defiende que ese documento "violenta decisivamente" la legislación actual al tratar de romper el principio de que la planificación hidrológica debe basarse únicamente en la cuenca -no en la autonomía-. Por eso sus juristas reclaman que se suspenda el proceso de planificación hidrológica de Cataluña para que la Generalitat pueda eliminar del plan de sus cuencas internas y del resto de instrumentos tramitados cualquier referencia a la demarcación del Ebro.

El Gobierno de Aragón insiste en que solo así se cumplirá el principio de seguridad jurídica y será posible que todos los interesados sepan qué está planificando y sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, la Agencia Catalana del Agua considera que esa nebulosa legal que se crea con la mezcla del plan hidrológico de las cuencas internas y el Plan de Gestión del Agua de Cataluña es una simple "cuestión semántica". "Jurídicamente las cosas son los que son por su naturaleza y no por la denominación que se les da -dice en su respuesta a las alegaciones de la DGA-. Se trata de dos instrumentos distintos y plenamente reconocibles y por tanto no se produce vulneración alguna del ordenamiento jurídico".

Se apropia unilateralmente de tres acuíferos.

En su proceso de planificación, Cataluña se ha apropiado de tres masas de agua subterráneas situadas a caballo entre la demarcación del Ebro y sus cuencas internas. El Gobierno de Aragón denuncia que esto supone "una flagrante violación" de la legislación europea y española. "Lo que se desprende inequívocamente de la normativa aplicable es el mandato de cooperación y de coordinación, que brilla por su ausencia ante esa manifestación unilateral que debe ser considerada nula de pleno derecho", defiende la DGA, que considera que esa apropiación de tres acuíferos supone un trasvase de agua intercuencas "realizado al margen de cualquier amparo legal".

Cataluña ha respondido que "el primer criterio" para incluir un acuífero en una u otra demarcación es la proximidad o la idoneidad, lo que a su juicio justifica la apropiación. Para la ACA, la opción de compartirlo es "residual" y solo debe tenerse en cuenta cuando no se aplique el criterio de la proximidad y la idoneidad.

Su aprobación definitiva corresponde al Estado, no a la Generalitat.

La Generalitat prevé aplicar el plan de sus cuencas internas mediante un decreto después de que el Ministerio de Medio Ambiente haya emitido un informe "determinante". Sin embargo, el Gobierno de Aragón le recuerda que, para garantizar la coordinación entre los distintos planes de cuenca -y evitar así conflictos como los de los acuíferos-, la Ley de Aguas establece que quien debe dar el visto bueno definitivo al documento es el Estado. Aragón solo aceptaría el procedimiento propuesto por Cataluña si el informe de Medio Ambiente fuera vinculante, pero en su respuesta a las alegaciones la ACA insiste en que el Estatuto catalán reconoce la competencia de la Generalitat para aprobar el plan de sus cuencas internas.

Las propuestas sobre el nuevo Plan Hidrológico del Ebro deben incluirse en otro documento.

La DGA exigió que las propuestas que Cataluña quiera hacer a la CHE para que sean incluidas en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro se sacaran del plan de las cuencas internas catalanas. Prácticamente esta ha sido la única alegación atendida por la ACA.

El documento incluye propuestas y previsiones que afectan a la cuenca del Ebro.

En lugar de ceñirse exclusivamente a las cuencas internas catalanas, el plan de la Generalitat incluye informaciones y recursos de la demarcación del Ebro, previsiones de caudales ambientales en ríos de esa misma cuenca, referencias normativas y planes que afectan a la parte catalana del Ebro...

El Gobierno de Aragón denuncia que todas esas cuestiones suponen un exceso competencial por extraterritorialidad que vuelve a implicar la nulidad de pleno derecho del documento y que en ocasiones también afecta al principio de seguridad jurídica. Por contra, la ACA alega que esos contenidos tienen carácter informativo y afectan a competencias autonómicas -no a estatales-.

El Instituto Aragonés del Agua debe emitir un informe preceptivo.

La DGA también recuerda que, antes de ser enviado al Gobierno central para su aprobación, el Instituto Aragonés del Agua debe emitir un informe preceptivo sobre el plan de las cuencas internas catalanas. La ACA niega esta posibilidad al asegurar que el documento no afecta a las masas de agua de Aragón.

Temor a posibles trasvases.

El Gobierno de Aragón hizo dos alegaciones mostrando su temor a que Cataluña apueste por trasvasar agua desde el Segre o el Ebro para abastecer al sistema Ter-Llobregat o al Campo de Tarragona. La ACA niega que se plantee esa posibilidad.