Nadie se lo esperaba pero la tijera de Zapatero llegó ayer con toda su crudeza a los ayuntamientos. Por sorpresa y cuando los municipios creían que los ajustes habían llegado a su fin, la publicación del decreto antidéficit del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desveló que los ayuntamientos no podrán acudir al mercado de la deuda a largo plazo. La FAMP y los principales municipios aragoneses se llevaron las manos a la cabeza ante el inevitable desplome inversor que la decisión provocará al menos hasta 2012 en la Comunidad.

Los alcaldes conocieron la noticia pasadas las ocho de la mañana, cuando se publicó el decreto. Esperaban que se endureciera su margen para ir al mercado crediticio, pero no hasta la prohibición. Ni los ayuntamientos, ni las entidades que dependan de ellos, podrán acudir a la deuda, ni pública ni privada, para financiar sus inversiones hasta diciembre de 2011. El objetivo es reducir la carga de 34.594 millones de euros que tienen las corporaciones locales. Además las deudas a corto plazo se cancelarán a 31 de diciembre de cada año y el ahorro por el recorte salarial a los funcionarios se deberá destinar, antes que a invertir, a cubrir los déficits de tesorería o a amortizar préstamos.

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), el socialista Salvador Plana, expresó su preocupación por la "sorpresiva" decisión. "Es una medida que cortará la inversión, que es un dinamizador productivo que en épocas de recesión no se debería tocar", afirmó. Dijo que "ningún ayuntamiento" apoyará que se les impida acudir a la deuda.

"Nos va a causar muchos problemas y muchas inversiones serán inviables", declaró Plana, que se quejó que se cargue sobre los ayuntamientos el peso de la supresión, frente al Estado y las autonomías, que se podrán seguir endeudando. Además lamentó que se trate igual a todos, tanto a los municipios que tienen una desorbitada (como Madrid) como a los que tienen su carga financiera controlada. "No lo entendemos muy bien", afirmó Plana.

Catalá: "No subiré impuestos"

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, no estaba en absoluto conforme. "La administración local no es la causante del déficit del conjunto. No es justo. Se trata a la administración local como una administración menor. Es una medida exagerada, injusta y desmedida", declaró Catalá, que hace solo dos meses anunció que el Ayuntamiento "seguiría endeudándose mientras hubiera crisis".

No lo podrá hacer. Además, este varapalo llega en pleno desplome de ingresos: han caído en 50 millones las transferencias del Estado, no se vende suelo, ha retrocedido la recaudación y sigue pendiente la Ley de Financiación Local. "Inversiones nuevas no va a haber", concluyó Catalá, que rechazó una subida de impuestos para cuadrar las cuentas: "Subirán lo que fije la inflación".

En Huesca, el gobierno PSOE-PAR no quiso pronunciarse, pero existe nerviosismo, sobre todo porque las arcas municipales está sometidas a un plan económico financiero impuesto por la DGA tras perderse la estabilidad presupuestaria en 2008 por el pago del último plazo del Palacio de Congresos, que obligó a pedir un crédito de 4,5 millones.

El portavoz del PAR, Fernando Lafuente, rechazó la restricción decretada. "No es lo mismo el Ayuntamiento de Madrid que el de Huesca", apuntó. Fuentes municipales comentaron que la restricción deja sin capacidad de maniobra a un ayuntamiento con escasa deuda, pero también con nula capacidad de financiación.

El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), advirtió de que la prohibición de contraer créditos "va a parar las nuevas inversiones, además de paralizar las que ya están en marcha". Opinó que el Gobierno debería "suavizar" la medida y recordó que Teruel (uno de los municipios más endeudados de España) ha sido "conservador" en materia crediticia desde hace dos años al firmar préstamos siempre por debajo de las amortizaciones. Es más, Ferrer dijo que "se retrasará los compromisos de cofinanciación ya firmados".