La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y los representantes de los empresarios y autónomos de Teruel, Cuenca y Soria mantuvieron este martes un encuentro en Madrid para analizar el impacto de las ayudas al coste de funcionamiento que reciben estas provincias por su grave situación de despoblación. La reunión dejó un sabor agridulce entre la patronal, puesto que se esperaba que el Gobierno central concretara una mejora de los incentivos que, denuncian, siguen siendo «insuficientes». De momento, Saiz se limitó a defender que ha sido el PSOE el responsable de poner en marcha esta medida, y emplazó a sus interlocutores a un nuevo encuentro antes de que acabe el año para valorar su impacto real y analizar un posible incremento en el marco de los nuevos presupuestos generales del Estado.

Las ayudas al coste de funcionamiento se estrenaron el año pasado, después de que la Unión Europea permitiera una fiscalidad diferenciada para los territorios con una población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, condición que solo cumplen las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Bruselas permite incentivos de hasta el 20% del total de los costes laborales, pero los empresarios y autónomos lamentan que el Gobierno solo los aplica a las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes de los contratos indefinidos. Se calcula que de esta forma la medida apenas alcanza entre un 1% y un 2%.

Por ello, las provincias implicadas, aunque agradecidas por este «primer paso», piden ir más allá. «Veníamos con la esperanza de que nos dijeran que mejoraban las ayudas, pero no ha podido ser», comentaba tras el encuentro Juan Ciércoles, presidente de CEOE Teruel.

A su juicio, «ese 1% no está animando a los empresarios a que vengan a Teruel y se queden, es insuficiente», mientras que una mejora que acercase las ayudas al 20% permitido «repercutiría en la mano de obra y en el asentamiento de población». Ciércoles agradecía no obstante la toma de contacto, que les sirvió para trasladar a la ministra «las necesidades y demandas del territorio».

Una sensación similar trasladaba Juan Carlos Escuder, representantes de los autónomos de Teruel. «Nos hubiera gustado que nos concedieran el máximo de las ayudas, pero al menos se han comprometido líneas de trabajo», apuntaba en referencia, por ejemplo, a la suspensión temporal de la tarifa plana para los autónomos por estar vinculada a los presupuestos, ahora prorrogados. «Nos han dicho que trabajan en una solución», señaló.

Además, Escuder también arrancó el compromiso de la ministra de estudiar fórmulas para agilizar la llegada y regularización de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra.

Se estima que, desde su puesta en marcha, las ayudas al funcionamiento han tenido un impacto económico de 40,3 millones de euros en las tres provincias beneficiadas, de los que 13 millones han repercutido en Teruel. 

Mociones en el Senado

Por la mañana, el PP lograba sacar adelante en el Senado una moción para instar al Gobierno central a mejorar la aplicación de las ayudas hasta el 20% permitido. Además, en la misma Cámara Alta, los conservadores también aprobaban una propuesta para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se involucrara económicamente en el Plan Pirineos impulsado por la DGA. El PSOE se abstuvo argumentando que, tal y como defendió la ministra Teresa Ribera hace unas semanas, ya contribuye con inversiones en la zona a través de diferentes programas.