Los gobiernos central y aragonés se enzarzan por el retraso de las tarjetas alimentarias

Las tarjetas monedero para ayuda alimentaria y productos de higiene que van a sustituir el reparto de productos a familias vulnerables con hijos menores a cargo han generado un nuevo enfrentamiento entre los gobierno central y aragonés que se reprochan el retraso en su puesta en marcha. La implantación de estos vales canjeables estaba prevista inicialmente para principios de abril, luego para el pasado 1 de mayo, pero se ha ido ido demorando entre críticas de comunidades como la de Aragón y entidades sociales. De momento, no hay una fecha en el calendario para su implantación en la Comunidad aragonesa, aunque se espera que sea a lo largo de este mes de mayo.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha asegurado este martes en las Cortes de Aragón que en la DGA está “todo preparado” para poder implantar estos vales canjeables pero que tiene “atadas las manos” porque el Ministerio de Derechos Sociales no ha aclarado aún todas las cuestiones técnicas. También ha denunciado que 30.000 habitantes de la Comunidad van a quedar excluidos de estas ayudas que calcula llegarán como máximo "solo" a 750 hogares.

Por su parte, desde la Delegación de Gobierno, que ha salido al paso de las críticas de Susín a los pocos minutos de terminar su intervención en el Parlamento autonómico, han insistido en que el nuevo modelo no deja a nadie fuera y que los ciudadanos que no cumplan los requisitos podrán seguir siendo atendidos como hasta ahora a través de los servicios sociales y los bancos de alimentos.

Además, subrayan que “no cabe atribuir” ninguna demora al Gobierno de España porque, en esta última fase, es el Gobierno aragonés al que le corresponde identificar a las familias beneficiarias para derivarlas a Cruz Roja, entidad competente hasta finales de este año en el reparto de las tarjetas.

Susín, que ha comparecido en la comisión de Bienestar Social a petición propia para informar sobre las consecuencias de este nuevo modelo de ayuda alimentaria, ha insistido en que aún quedan “cuestiones técnicas” por resolver. Entre ellas ha citado si estas tarjetas “son compatibles con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o una renta mínima de inserción” y si pueden acceder a ellas los inmigrantes en situación irregular. De entrada, los beneficiarios deben acreditar unos ingresos inferiores al 40% de la mediana de la renta, por lo que en caso de recibir la IMV o la renta mencionada quedarían excluidos.

Hasta la edad de los menores se ha convertido también en motivo de controversia. La consejera ha habla en todo momento de familias con hijos de hasta 16 años. Por contra, desde la Delegación de Gobierno han insistido en que la edad de referencia son los 18 años.

Comarcas con solo una familia beneficiaria

La consejera ha afeado las "numerosas improvisaciones y retrasos" por parte del Ministerio de Derechos Sociales y ha concretado que hasta el pasado viernes no se contó con el modelo de hoja de derivación que tienen que rellenar para que Cruz Roja tenga los datos de las familias beneficiarias. Aragón recibirá 1.127.264,82 euros para garantizar el programa hasta fin de año. Sin embargo, durante 2023 a través del Fondo Europeo de Ayuda para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) los bancos de alimentos y Cruz Roja recibieron productos por valor de 1,8 millones de euros que llegaron a más de 47.000 personas, según los datos que ha aportado Susín.

De acuerdo con las estimaciones hechas por la DGA hay comarcas como el Matarraña o la Ribera Baja con solo una familia en cada una que cumple los requisitos, mientras la Litera o Los Monegros cuentan con dos.

Otro problema para Susín radica en que de los 731 municipios aragoneses, únicamente 236 cuentan con alguno de los tres supermercados en los que se pueden usar las tarjetas (Eroski, Carrefour y Alcampo). En el caso de la provincia de Huesca se podrán canjear los vales en 26 establecimientos; en la de Teruel, en 19, y en la provincia de Zaragoza en 142; de ellos 90 están en la capital.

La titular de Bienestar Social ha anunciado que solicitará al Gobierno de España un "sistema dual" que permita atender a los 30.000 aragoneses que se quedarán fuera del plan de las tarjetas monedero y que, ha augurado, va incrementar "las colas del hambre".

El PSOE le acusa de "ineficacia en la gestión"

La diputada socialista, Pilimar Zamora, ha sido la que se ha mostrado más crítica con Susín, a la que ha acusado de "seguir instalada en la oposición" y de "ineficacia en la gestión echando balones fuera". Ha recordado que el sistema de tarjetas monedero se aprobó ya en diciembre de 2021 de forma unánime en un Consejo Territorial de Servicios Sociales por las comunidades de "todos los colores políticos" y que funciona en algunas comarcas aragonesas para las ayudas de urgencia. Ha recalcado que su implantación va a significar un "salto en dignidad" y que va a ser más "justo y universal".

El diputado David Arranz ha subrayado que su partido, Vox, considera que la medida "va a dejar a muchas personas fuera" y ha dicho que "no es de recibo que unos tengan casi que mendigar por unas necesidades básicas" mientras el gobierno "dilapida cientos de millones de euros" para atender a los inmigrantes que llegan de forma masiva por el efecto llamada.

Isabel Lasobras, de CHA, ha abogado por esperar a ver si el funcionamiento de los vales canjeables aporta soluciones. Por parte de Aragón-Teruel Existe, María Pilar Buj, ha subrayado que ante un problema como este deben primar "la eficacia y la responsabilidad" y que se está actuando con "muy poca o inexistente falta de concreción cuando se necesitan soluciones reales".

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