Eclipsada por la tormenta política nacional, Cataluña ha dado comienzo a la campaña electoral para renovar a sus representantes en el Parlament. Los sondeos apuntan a una victoria del PSC, más aún tras la amenaza de renuncia de Pedro Sánchez, pero la suma de las mayorías para gobernar se presenta mucho más ajustada. Al otro lado de la frontera, Aragón no pierde de vista unos comicios que afectan directamente a las relaciones con la comunidad vecina en aspectos tan relevantes como la financiación, la gestión hidrológica o el traslado de empresas entre ambos territorios.

Financiación

La lucha por la financiación autonómica se ha situado en el centro de la campaña electoral, por encima incluso de la cuestión soberanista. Los partidos independentistas han planteado un suerte de cupo vasco a la catalana que ha encendido todas las alarmas en Aragón. La propuesta concedería a la Generalitat la gestión del 100% de los impuestos generados en su territorio, unos 52.000 millones de euros.

Una vez en sus manos, la comunidad vecina aportaría un cupo para «contribuir a la equidad entre territorios» pero que estaría «limitado en el tiempo» y «condicionado» a que el resto de regiones hagan ajustes en sus cuentas. De esta forma, se restarían 2.000 millones de euros de la bolsa común de la financiación autonómica. Pero sobre todo, dejaría a la Administración central sin los 20.000 millones de euros que aportan los ciudadanos catalanes a través de los tributos estatales, una merma crítica a la hora de llevar a cabo inversiones públicas. La DGA se ha mostrado frontalmente en contra de un modelo que los expertos ven «muy dañino» para los aragoneses.

De momento, el candidato del PSC, Salvador Illa, rechaza esta vía, y apuesta por una intermedia que no rompa el sistema. En concreto, ofrece al independentismo crear un consorcio participado a partes iguales por el Estado y la Generalitat que recaude y gestione los impuestos, tal y como establece el Estatut, pero dentro del modelo constitucional. El reparto de fuerzas del Parlament tras las elecciones del próximo domingo cargarán de razones a uno u otro bando.

Retorno de empresas

La relación entre el PSOE y los independentistas esta legislatura también estará marcada a nivel autonómico y estatal por dichos comicios, que influirán en el grado de ejecución de algunos de los compromisos firmados para la investidura de Sánchez. En ese apartado, el plan para fomentar el retorno de empresas que huyeron de Cataluña durante el ‘procés’ impacta de lleno en los intereses de Aragón, que ha vuelto a levantar la mano.

Los independentistas ya tantean en el Congreso una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para penalizar a aquellas empresas donde no coincida el domicilio registral con el de su actividad principal. Se calcula que desde 2017 han llegado a Aragón unas 600 empresas procedentes de Cataluña, de las que un tercio permanece, otro ha vuelto a la comunidad vecina y el resto ha desaparecido.

Gestión hídrica

La política del agua vuelve a ser objeto de tensión territorial. Con la amenaza del trasvase del Ebro siempre latente, Aragón trata de blindar el río ante la grave sequía que sufre la comunidad vecina. Entre otras voces, los candidatos de PP y Vox reclaman una transferencia de caudales que la DGA, con las mismas siglas, rechaza de plano. De momento, el Gobierno central desestima la medida.

Pero también está en juego la unidad de gestión hidrológica, después de que los independentistas reclamaran a Sánchez la autoridad sobre las cuencas catalanas que ahora están en manos de la CHE. En este caso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió antes de poner rumbo a Europa que el Tribunal Constitucional cerró la puerta a ese tipo de fraccionamientos.

Relaciones fronterizas

Atodo ello se suman los habituales encuentros y desencuentros entre dos territorios limítrofes, cuya relación ha sufrido altibajos en las últimas décadas. Así, el resultado electoral podría propiciar un mayor entendimiento –menor es imposible– con Aragón en proyectos comunes como los Juegos Olímpicos de invierno, tras el fiasco político de la candidatura de 2030.

De igual modo, quedan conflictos por resolver, como la devolución de los murales de Sijena, a la espera de la resolución del Tribunal Supremo, después de que el resto de instancias jurídicas dieran la razón a Aragón. O la firma del convenio sanitario entre ambas comunidades, que permite a los vecinos limítrofes de uno y otro territorio cruzar la frontera para ser atendidos en centros de la comunidad vecina. Ochenta municipios están pendientes de un pacto que lleva dos años caducado.