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Exigen un convenio aragonés de protección de menores: "Hay fuga de educadores sociales por las malas condiciones laborales"

Un centenar de personas se concentran ante la sede del IASS en Zaragoza convocados por la plataforma que aúna a los sindicatos  CGT, CC. OO. y UGT. Presentan 400 firmas al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.   

Concentración de trabajadores de los centros de reforma y menores de Aragón este martes ante la sede del IASS de Zaragoza
Concentración de trabajadores de los centros de reforma y menores de Aragón este martes ante la sede del IASS de Zaragoza
Oliver Duch

Un centenar de personas se han concentrado este martes ante la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), en la plaza del Pilar de  Zaragoza, convocados por CGT, CC.OO. y UGT, para reclamar la negociación de un convenio autonómico en el sector de la protección de menores que contemple una mejora salarial, la reducción de las horas de trabajo y el reconocimiento de la "peligrosidad" y "penosidad" de estos puestos. 

Los sindicatos han entregado 400 firmas para que el gerente del IASS, Ángel Val, se "implique" de cara a que las entidades que gestionan los centros de menores de la Comunidad se constituyan como una patronal, primer paso necesario para sentarse a hablar de un acuerdo de carácter regional, y sobre lo que no se ha avanzado nada en año y medio. Denuncian la "fuga de educadores sociales por las malas condiciones laborales" a otras comunidades, lo que perjudica a la atención integral de los chavales.

Los trabajadores de los centros de menores de la Comunidad emprendieron en 2019 una lucha para denunciar su "precaria" situación, pero esta es la primera ocasión en la que las tres centrales llevan a cabo una movilización conjunta como plataforma. Las principales empresas que gestionan estos recursos dependientes del IASS y con las que quieren sentarse a negociar son Faim, Kairós, Ozanam, YMCA y Aldeas Infantiles, que engloban al 85% del sector, pero hay otras con menor peso como Fepas y Samu.

Son alrededor de 600 profesionales, un número variable, que atiende a los menores en situación de vulnerabilidad tutelados por el Ejecutivo autonómico en una veintena de recursos, en su mayoría instalaciones con pocas plazas y pisos. El de Juslibol, en el que los chavales que han delinquido cumplen las medidas impuestas, es el de mayor tamaño y cuenta con una plantilla de 80 empleados. Los perfiles de los trabajadores son variados, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, integradores y personal de limpieza y cocina, entre otros.

El objetivo es llegar a contar con un convenio autonómico como ya existe en otras comunidades como Valencia, Baleares y Galicia, mientras en el País Vasco tienen acuerdos provinciales y en la Comunidad de Madrid acaban de actualizarse las tablas salariales y de horas. 

"Las plantillas no se consolidan porque también hay fuga de educadores sociales por el bajo salario y la carga de trabajo. Tenemos al lado la Comunidad Valencia y son muchos los que cogen experiencia y en cuanto tienen oportunidad se marchan a ella o a otros sitios. Hay que crear un mundo laboral apetecible", señala el delegado en Teruel de Comisiones Obreras, Jesús Esteban. Una falta de estabilidad que influye en la labor con los chavales, ya que es necesario que se lleve a cabo en un ambiente de confianza que no se consigue si el trabajador se marcha a otro lugar.

El salario se sitúa unos 200 euros por encima del mínimo interprofesional, se rige por el convenio nacional del sector, lo que supone unos 1.300 euros al mes, y las 14 pagas "se prorratean para que los salarios sean más dignos y se llegue a fin de mes", asegura Esteban. Ahora son 1.722 horas de trabajo al año, con una jornada semanal de 40 horas, mientras en Valencia se sitúa en 1.462 horas y en el País Vasco ronda entre las 1.500 y 1.600.

"Un educador social titulado con una carrera universitaria cobraba en 2022 lo mismo que en 2002", asegura el delegado de CGT en el comité de empresa del centro de reforma de Juslibol, Héctor García Sánchez.

Las reivindicaciones llegarán a las Cortes de Aragón

Las reivindicaciones de los trabajadores de los centros de menores llegarán a la sesión de las las Cortes de Aragón posiblemente el próximo 26 de abril. Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en la que se pide a las Cortes autonómicas que apoyen la constitución de una mesa negociadora y que los acuerdos que se alcancen en ella se asuman en las licitaciones actuales y futuras.

La propuesta, avanza García Sánchez, cuenta con el respaldo de PSOE y Podemos y la plataforma está en conversaciones con Teruel Existe, Chunta y PAR para lograr el máximo de apoyos posibles. La iniciativa parlamentaria se presentó primero al Partido Popular que finalmente les trasladó que no iban a secundarla.

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