Sánchez denunciará ante la ONU y la UE la derogación de la ley de Memoria de Aragón
El Gobierno central defiende que la supresión de estas normativas por parte de PP-Vox vulneran los convenios internacionales de derechos humanos.
El Ejecutivo central redobla su ofensiva contra la derogación de leyes de Memoria Democrática por parte de PP y Vox, como la aprobada en febrero por el Gobierno de Aragón. Tras anunciar un recurso de inconstitucionalidad por la supresión de esta normativa en la Comunidad, que previsiblemente acabará en el Tribunal Constitucional, la Moncloa ha anunciado este jueves que elevará al caso a las instancias internacionales, como la ONU y la UE, al entender que se están vulnerando principios fundamentales de los derechos humanos.
El Gobierno central considera esta situación de “gravedad”, según han trasladado fuentes oficiales, por lo que apelará a la ONU, en concreto al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al de Ejecuciones Extrajudiciales, “para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos”.
De igual modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé “promover distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del grupo socialista.
Además, y en este caso en el ámbito del Consejo de Europa, el Gobierno de España invocará la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos, por lo que se promoverán diferentes actuaciones. Por un lado, se planteará “un debate urgente” en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para “analizar” la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox.
También se ha anunciado la intención de informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para “ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación”. Y finalmente, se solicitará la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la derogación de la ley de Memoria de Aragón y la intención de Castilla y León y Valencia de seguir el mismo camino.
Sánchez: "La ley se va a cumplir"
El anuncio de esta batería de medidas coincide con la visita de Pedro Sánchez, junto al ministro de Memoria Ángel Víctor Torres, al laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros, que como ha recordado el presidente "atiende la demanda de 160 familias que todavía hoy siguen buscando respuestas".
El líder del Ejecutivo ha señalado a través de su cuenta de X que "sin memoria no hay democracia". "La ley se va a cumplir y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura", ha concluido.
En respuesta, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de "volver a la necrofilia, la división y el rencor para tapar la corrupción de su gobierno golpista por fuerzas criminales". "No tiene límites morales y pretende liquidar los límites legales", ha denunciado en sus redes sociales.
