La consejera de Educación de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado que estudiará la nueva propuesta del Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, por la que se compromete a asumir en torno al 70% del coste de la contratación extra de ayudantes doctores derivada de la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), aunque ha reiterado la necesidad de que el Estado el que se haga cargo de todos los costes que se producen por sus iniciativas legislativas, por lo que le ha pedido "responsabilidad y compromiso".

La puesta en marcha de esta norma, según han cifrado en varias ocasiones, supondrá un coste de 4,7 millones de euros en la Universidad de Zaragoza y ascenderán a 844 en el conjunto del país. "Serían 4.200 plazas de ayudante doctor en España y 130 en Aragón", ha destacado Pérez Forniés antes de la Conferencia General de Política Universitaria en la que se ha vuelto a abordar esta cuestión. En ella, el Ministerio ha presentado su nuevo plan, que supone duplicar el inicial, ya que se pasaría de financiar 1.300 a 3.400 plazas.

"Hemos conseguido que el Gobierno central se aviniera a dialogar con las comunidades, y asumiera que su esfuerzo presupuestario debía ser mucho mayor. Ahora, vamos a seguir estudiando la nueva propuesta en el seno de la comunidad aragonesa y con el mismo Ministerio”, ha señalado la consejera al término de la reunión. No obstante, previamente había recordado que el planteamiento de Morant se limita a los próximos seis años. "La carrera de un ayudante doctor va a durar unos 36 años más y ese coste lo van a asumir íntegramente las comunidades autónomas", ha incidido.

Morant lo condiciona a que las autonomías acompañen en el esfuerzo

Este planteamiento, ha avisado la ministra, estará condicionado a que las autonomías acompañen en el esfuerzo inversor. Morant ha recalcado que el Gobierno no sufragará las competencias universitarias "mientras (las comunidades) no se hagan corresponsables, que es solo exigir el ejercicio de sus competencias porque la alternativa sería una dejación de sus funciones y una rebelión" a la LOSU. En las reuniones de trabajo previas, ha explicado Morant, "la mayoría habían expresado su voluntad de participar en cero, para nosotros eso no es asumible".

Para facilitar el cumplimiento de las disposiciones de naturaleza laboral de la LOSU, el Gobierno va a alargar el calendario de aplicación (hasta junio de 2028), y este programa de incorporación de talento que ahora entrará en una fase de definición de "los flecos y detalles" que aún quedan pendientes con las comunidades.  

La ministra ha dado de plazo hasta finales de este mes de abril para concluir el trabajo. "Entendemos que en los próximos días seremos capaces de resolver las dudas de las comunidades para ayudar a resolver el problema de la temporalidad y precariedad. Algunas han expresado claramente que sí que entran, otras han dicho que lo hablarán en el seno de sus gobiernos, pero me atrevería a decir que ninguna ha cerrado la puerta", ha apostillado. 

Las plazas de profesorado comprometidas por el Ministerio comenzarán este mismo año y los Gobiernos regionales tendrán cuatro cursos para implementar las que ellos estimen necesarias.

Morant ha reconocido que el Gobierno no tiene presupuestos para 2024 -se han prorrogado los anteriores-, pero ha dicho que va a priorizar este plan para hacerlo posible, al tiempo que ha reiterado que solo entrarán en este programa si hay corresponsabilidad de la comunidades.